En el marco del crimen de Miguel Ángel Ferreyra, apodado “Látigo”, el fiscal Laureano Brizuela otorgó el beneficio de prisión domiciliaria a Mónica Murúa, una de las personas imputadas en el caso. Sin embargo, esta decisión desencadenó un profundo malestar entre la familia de la víctima y generó un nuevo enfrentamiento en el proceso judicial.
La solicitud de prisión domiciliaria de Murúa se basó en argumentos médicos presentados por su defensa en la Fiscalía, que afirmaban que la imputada sufría de hipertensión, lo que supuestamente hacía imposible su cumplimiento de la prisión preventiva.
El abogado Sebastián Ibáñez, representante de la querella y la familia de la víctima, cuestionó la decisión del fiscal Brizuela, alegando irregularidades en el proceso. Según Ibáñez, el fiscal Palacios habría otorgado la prisión domiciliaria a Murúa sin notificar a la querella para que pudiera presentar su propio perito médico de parte, lo que consideran una omisión importante en el procedimiento.
En respuesta a estas preocupaciones, el fiscal actuante dispuso una nueva revisación médica de Mónica Murúa, esta vez a través de una junta médica, con el objetivo de que la evaluación sea más profunda y detallada. La querella presentó su propio perito médico de parte en esta instancia, buscando asegurarse de que se consideren todos los elementos relevantes en la evaluación médica.
La fecha de la junta médica está programada para los próximos días, y se espera que esta evaluación arroje luz sobre la idoneidad de la prisión domiciliaria para Mónica Murúa.
