Ante la decisión del Gobierno de Javier Milei de desmantelar el Comité Nacional de lucha contra la trata de personas, las diputadas Adriana Díaz , Claudia Palladino y Mónica Zalazar , presentaron un proyecto de ley mediante el que cual proponen la creación del “Consejo Provincial de lucha contra la Trata de Personas, Explotación Sexual y Laboral, con enfoque de Derechos Humanos”.
Como integrantes de la Mesa Interinstitucional de Trata enCatamarca, las legisladoras agradecieron la participación en la elaboración de la iniciativa de representantes de distintos organismos que integran la Mesa local.
“Ante la decisión del gobierno nacional de desmantelar la política pública en la materia, consideramos que el Estado provincial debe hacer valer la experiencia y el conocimiento producido en la Mesa interinstitucional y conformar un Consejo Provincial, permanente, interinstitucional e interdisciplinario”, advirtieron las diputadas.
En sus argumentos señalan que: “el Gobierno tomó la decisión arbitraria de desvincular a los delegados y delegadas nacionales pertenecientes al Comité de Lucha Contra la Trata, incluida la delegación de Catamarca, esto trae como consecuencia directa y gravísima la eliminación de toda la estructura federal de asistencia y protección integral a las víctimas de este delito. Las mesas interinstitucionales realizaban tareas de prevención, visibilización, fiscalización, rescate y asistencia a las víctimas”.
Además, explican que en este marco “se suman los despidos de trabajadores de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), Programa Nacional de Rescate (PNR) y Ministerio de Trabajo de la Nación,organismos que forman parte de estas mesas interinstitucionales y están vinculados en forma directa a la Lucha Contra la Trata y Explotación Laboral, y ahora quedan con menos personal”.
“Más allá de las decisiones arbitrarias tomadas por el Gobierno Nacional, nuestra provincia debe continuar con la defensa de los derechos y la protección del bienestar físico, mental y social de las personas y de sus comunidades, y con la promoción de la sostenibilidad a través del desarrollo de la capacidad institucional para el cumplimiento de los derechos humanos fundamentales de las personas víctimas de trata y explotación laboral”, concluyen.