El Ministerio de Integración Regional, Logística y Transporte, a través de su titular, Lucas Poliche, presentó un informe sobre la situación actual del sistema de transporte público en la provincia, basado en la evolución de los principales indicadores de demanda, costos e ingresos.
De acuerdo a los datos relevados, la cantidad de usuarios del transporte registró una caída del 15% en términos interanuales y acumula un descenso del 39,5% en los últimos dos años, lo que impacta de manera directa en la recaudación del sistema.
En paralelo, se verificó un incremento sostenido de los costos operativos. El combustible, que representa el 35% de la estructura de costos, aumentó más de un 54% en los últimos cuatro meses, pasando de $1.435 a $2.211 por litro en el caso del Diesel 500.
A su vez, la masa salarial —que constituye aproximadamente el 50% del costo total— registró un incremento promedio del 18,9% entre noviembre de 2025 y abril de 2026. En tanto, los gastos de mantenimiento y seguros, que representan el 15% restante, tuvieron una suba cercana al 19%.
A este escenario se suma el contexto nacional, con demoras en la acreditación de los atributos sociales vinculados a la tarifa social, lo que genera un impacto adicional en los ingresos del sistema.
En este contexto, el informe da cuenta de una diferencia creciente entre los costos actuales y la tarifa vigente, en un escenario de presión sobre la sostenibilidad del sistema.
A partir de este escenario, el Ministerio definió un esquema de funcionamiento adaptado a los niveles actuales de demanda, con el objetivo de sostener la prestación del servicio.
El esquema de funcionamiento queda establecido de la siguiente manera:
Cronograma del servicio
- 22:00 a 00:00: frecuencia mínima
- 00:00 a 05:00: sin servicio
- 05:00 a 06:00 (aprox.): frecuencia mínima
- Desde las 06:00: servicio normal
Asimismo, se mantienen instancias de coordinación con las empresas prestadoras para garantizar la continuidad del servicio en el actual contexto operativo.
El Ministerio destacó que las medidas adoptadas responden a la necesidad de adecuar el funcionamiento del sistema a las condiciones económicas vigentes, priorizando la sostenibilidad del servicio y la cobertura de la demanda esencial.
