Nahuel Gallo sigue detenido en una cárcel de Venezuela sin comunicación con su familia, sin abogado oficial ni tampoco sin información sobre su estado de salud y paradero. Está, tal como denuncia su familia y el gobierno argentino, en condición de secuestrado. Hace más de ocho meses que está bajo esta situación.
Desde su detención el 8 de diciembre del año pasado cuando ingresaba a Venezuela por la frontera terrestre con Colombia a través del puente internacional Francisco de Paula Santander, la administración de Javier Milei ha desplegado distintas estrategias políticas y diplomáticas para lograr su liberación. Ninguna tuvo éxito.
La esperanza principal de la Argentina hoy en día es Donald Trump. Desde que llegó a la Casa Blanca, el presidente norteamericano fue logrando la liberación de todos los presos políticos que tenía el régimen de Nicolás Maduro. Lo hizo con negociaciones directas –como hizo su enviado especial Richard Grenell- o a través de la deportación de migrantes venezolanos que habían sido enviados a El Salvador.
A través de canales oficiales la Argentina está en constante diálogo y cooperación con las contrapartes norteamericanas. Este seguimiento lo hace, principalmente, la ministra Patricia Bullrich, de cuya cartera depende la Gendarmería nacional.
Es así que ahora se está trabajando en una nueva estrategia coordinada entre Washington y Buenos Aires, pero que también involucra a Italia, Israel y Bélgica, los otros países que también cuentan con nacionales detenidos en las cárceles venezolanos, de los cuales algunos de ellos están bajo situaciones similares a las del gendarme argentino. Estados Unidos tiene a un residente detenido, no un ciudadano.
Lo que se buscará de ahora en adelante es ejercer presión para, de forma mancomunada, lograr la liberación en conjunto de estas personas. Esta presión seguirá siendo política y discursiva, pero se le sumará la de seguridad.
