El Gobierno argentino y la petrolera YPF tienen hasta el martes 25 de febrero para responder ante la jueza Loretta Preska del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, en un intento por anular la condena que obliga al Estado a pagar US$16.100 millones a las firmas Burford Capital y Eton Park.
La fundación Republican Action for Argentina presentó una denuncia solicitando la nulidad del fallo y la investigación de los involucrados en la nacionalización de YPF en 2012, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. La petición fue presentada el 17 de febrero, y la jueza Preska ordenó a las partes involucradas responder antes de la fecha límite.
El litigio contra Argentina se originó en 2015, cuando Burford Capital y Eton Park adquirieron los derechos de litigio de las empresas Petersen Energía Inversora y Petersen Energía, que habían quebrado en España. Estas compañías poseían el 25% de YPF y argumentaron que el Estado argentino debió haber realizado una oferta pública de adquisición tras la expropiación del 51% de la petrolera a Repsol. En 2023, Preska falló en contra de Argentina, lo que generó la millonaria condena.
La nueva presentación ante la justicia estadounidense alega que la familia Eskenazi, propietaria del Grupo Petersen, celebró un acuerdo con Burford y Eton Park para financiar la demanda y repartirse la indemnización, lo que pondría en duda la legitimidad del reclamo. Además, se basa en una denuncia presentada en 2006 por la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, sobre el vaciamiento de YPF durante el gobierno de Néstor Kirchner y en un informe de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) de 2018.
Desde la oposición, referentes como Maximiliano Ferraro y Marcela Campagnoli han instado al Gobierno de Javier Milei y a YPF a responder antes del vencimiento del plazo para intentar revertir el fallo.
Esta acción representa posiblemente la última oportunidad de Argentina para evitar una de las deudas más grandes de su historia, solo superada por el crédito de US$45.000 millones otorgado por el FMI en 2018.
Fernando Irazu: “Argumentamos que hay un fraude procesal sobre el tribunal norteamericano”
La explicación de Fernando Irazu, abogado de la fundación Republican Action for Argentina.
En una entrevista reciente, el abogado Fernando Irazu, representante de la ONG “República Action for Argentina”, explicó los detalles del recurso presentado para revertir el fallo que obliga a Argentina a pagar 16.100 millones de dólares por la expropiación de YPF.
“Lo que está pasando es que argumentamos que hay un fraude procesal sobre el tribunal norteamericano a fin de llevarse el producido de un esquema internacional de corrupción”, afirmó Irazu. Según el abogado, el caso se inició con la estatización de YPF en 2011, cuando el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner decidió tomar el control de la empresa.
El conflicto legal comenzó cuando el grupo Petersen, que poseía una participación en YPF gracias a un acuerdo con Repsol, dejó de recibir dividendos tras la estatización. “La decisión de no involucrar al grupo Petersen en la expropiación fue del gobierno de Cristina Kirchner”, aseguró Irazu. “Luego, el grupo Petersen demanda al Estado argentino y a YPF, y finalmente, esa demanda es comprada por el fondo Burford, que continúa litigando hasta obtener el fallo condenatorio”.
El abogado explicó que la jueza Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York, consideró que Argentina debía haber realizado una oferta por el 100% de las acciones de YPF, en lugar de limitarse al 51% perteneciente a Repsol. “Ese fue el punto jurídico que recoge la jueza Preska”, señaló.
Respecto al recurso presentado, Irazu sostuvo que “solicitamos una investigación a la jueza Preska a través del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y pedimos la suspensión del proceso mientras se evalúa la situación”. También destacó que la medida busca la revocación del fallo en función de la Regla 60, bajo ciertas causales específicas establecidas por la ley estadounidense.
Consultado sobre el impacto de este recurso, Irazu enfatizó que “la jueza podría haber desestimado el pedido sin más, pero lo tomó en cuenta y ordenó un plazo hasta el 25 de este mes para que las partes hagan sus descargos”. En ese sentido, aclaró que “por Argentina deben responder el Estado argentino e YPF, mientras que del otro lado está Burford”.
El abogado también destacó que el caso tiene implicancias internacionales: “No es posible que surja un precedente norteamericano en virtud del cual personajes ligados a la corrupción puedan recurrir a una corte federal en Estados Unidos para llevarse más que el fruto de esa misma corrupción”. Según Irazu, esta situación podría sentar un peligroso precedente para otros países.
Finalmente, enfatizó la importancia de que la justicia argentina actúe en consecuencia: “Si se revoca este fallo, se confirmaría el fraude y eso debería tener un correlato en la justicia argentina, para dilucidar las responsabilidades de quienes estuvieron involucrados”.