Miembros de la Asociación del Personal de los Organismos de Control (A.P.O.C.) Seccional Catamarca salieron al cruce del acta acuerdo cristalizado recientemente entre el Gobierno provincial y los gremios convocados el pasado 13 de marzo (A.T.E., U.P.C.N., VIALIDAD y A.T.S.A), expresando su disconformidad con varios de los puntos acordados. En este sentido, desde A.P.O.C. se remarca que tal acuerdo, lejos de beneficiar a los empleados públicos, perjudica notablemente el nivel de sus ingresos. “Lo peor de todo esto es que muchos empleados públicos todavía no son conscientes de la maniobra que fueron víctimas por parte del gobierno de la Provincia de Catamarca”, sostiene Mauricio Hezze, Secretario General de A.P.O.C. seccional Catamarca.
Las observaciones al acuerdo
En primer término, el sindicato remarca que el acuerdo “quedó viejo apenas firmado”, debido a que se acordó un incremento del 15% a liquidar con el sueldo de marzo de 2023 (que se cobrará en los primeros días de abril de ese mismo año) siendo que ya en los 2 primeros meses del año se acumula una inflación a nivel país del 13,1% y en la región NOA del 14,1% (según Informe Técnicos del INDEC Vol. 7, Nº 45), con proyección de llegar tranquilamente a un acumulado del 20% hasta fines de Marzo/23. O sea que, al igual que el año 2022, se liquidará nuevamente “un aumento a la baja”.
Por otra parte, este gremio observa que en el Acta Acuerdo mencionada no se especifica si los porcentajes son acumulativos entre sí o no, y si los mismos se aplican sobre todo concepto o solo sobre algunos, sosteniendo que todo está redactado de manera ambigua y abierto a cualquier tipo de interpretación que quisiera hacerse de tales términos.
También, el sindicato afirma que con el bono en 3 cuotas de $20.000 no remunerativo y no bonificable que se acordó con el Gobierno “como recomposición del acuerdo salarial del año 2022” (según se especifica en el mencionado acuerdo salarial del 13/03), pone de manifiesto el reconocimiento –tácito- de la deuda que mantiene con todos los empleados públicos provinciales.
Con este bono, se pretende compensar el 26,2% que se debe a los empleados públicos tomando como referencia la mala liquidación realizada durante el año pasado, cuestión que permanentemente A.P.O.C. reclamó y pidió explicaciones de manera formal al gobierno provincial, y nunca tuvo respuesta ni fue convocado formalmente a las paritarias. Tal situación es llamativa, siendo éste un gremio legalmente constituido que representa a los trabajadores de los organismos de control de la Provincia, y que solicita el correcto cumplimiento de los Decretos emitidos en base a las actas firmadas por los restantes miembros que asistieron a la convocatoria.
Siguiendo con los cuestionamientos de A.P.O.C., el gremio sostiene que el bono en 3 cuotas de $20.000 que se acordó en la mencionada reunión, al ser “no remunerativo” y “no bonificable” obviamente, no suma para aguinaldo, ni para presentismo, y menos aún para el cálculo del haber de jubilación inicial de ANSES, ni para el cálculo del 82% móvil que abona A.G.A.P.
Por el contrario, desde el Sindicato se afirma que ese Bono se financia con el ahorro que hizo el Gobierno gracias a los sueldos mal liquidados a los empleados públicos durante el 2022, para los cuales no se tuvo en cuenta la inflación real del 94,8% según la información oficial del INDEC, sino que se actualizaron con un artificial y malintencionadamente recalculado 68,6%.
¿A quienes afecta esta situación?
Como saldo de lo ya expuesto, A.P.O.C. sostiene que toda esta situación afecta en primer lugar a todos los empleados del Poder Ejecutivo Provincial (excepto docentes), como así también a los empleados legislativos, judiciales y municipales cuyas autoridades hayan adherido a la pauta de actualización bimestral establecida en el año 2022 mediante Decreto Acuerdo Nº 620 sus complementarios y modificatorios.
Por otro lado, esta situación también perjudica de manera singular a los jubilados y pensionados por partida doble, ya que ANSeS toma como base para el cálculo del Haber Inicial el promedio de sueldos que haya aportado en actividad el beneficiario, afectando también al complemento del 82% móvil de AGAP que se calcula sobre el sueldo actual de un empleado en actividad.
Además, todo esto perjudica a los profesionales de la salud que atienden a través de la Obra Social O.S.E.P. ya que el valor de las prestaciones médicas acompaña la actualización de los haberes de los empleados del Poder Ejecutivo.
Por todo lo expresado, APOC reitera su pedido al Poder Ejecutivo Provincial de revisar los acuerdos alcanzados en 2022 y 2023, readecuar su política salarial y liquidar las diferencias adeudadas, con el fin de ayudar a todas las familias de los empleados públicos a no perder más ante el proceso inflacionario que nos aqueja obligando a muchos a un nivel de endeudamiento y asfixia financiera preocupante, a la pérdida de calidad de vida y por consiguiente a un freno a la economía de la provincia.