La pobreza ocupa un lugar muy lateral en el acuerdo de políticas económicas acordado entre el Gobierno nacional y el Fondo Monetario Internacional. La hoja de ruta consensuada con el organismo, a diferencia de otras metas cuantificables como el déficit, la acumulación de reservas o la emisión monetaria, no tiene en su letra chica ningún objetivo cuantificable respecto a los indicadores sociales. El Indec informó este miércoles que hacia fines de 2021 el 37,3% de la población vivía bajo la línea de pobreza.
La palabra “pobreza”, incluso, aparece solo en muy contadas ocasiones a lo largo del memorando de políticas económicas rubricado entre Buenos Aires y Washington. Solo se la puede leer siete veces, aunque de ese total solo 1 está relacionada a perspectivas de gestión hacia adelante. En el resto de los casos, solo para mencionar estadísticas o contextualizar el marco bajo el cual se negoció la refinanciación del crédito.
La única ocasión en que la pobreza tiene algún abordaje en el acuerdo es en el segmento del gasto estatal, en el que especifica cuáles serán las prioridades para el sector público. Además de mencionar la cuestión de los subsidios en primer lugar, el gasto de capital y otros gastos corrientes, apunta a la “asistencia social”.
En ese sentido, asegura que el Gobierno continuará “afianzando nuestros mecanismos de asistencia social para atender de manera óptima a las personas más necesitadas, y nos concentraremos en combatir la pobreza infantil y reorientar las ayudas para fomentar la inclusión en el mercado laboral, sobre todo para las mujeres y los trabajadores con calificaciones bajas o insuficientes”.
Al respecto, menciona que el compromiso del Poder Ejecutivo será mantener un piso de gasto social para un grupo de programas de asistencia prioritarios, entre los que enumera a la Asignación Universal por Hijo para protección social, Tarjeta Alimentar y las becas Progresar. Además asegura que habrá “incrementos de cobertura si se deterioraran las condiciones sociales”.
Ese mínimo de gasto en programas sociales está estipulado con números en el otro memorando, el técnico. En ese documento plantea que hacia fines de marzo el Estado deberá haber gastado, como mínimo, $151,9 millones entre la AUH, Tarjeta Alimentar y Progresar. Hacia junio, cuando debería tener lugar la primera evaluación de metas, ese piso se eleva a $318 millones. Tres meses más tarde, a $494,4 millones y debería finalizar el año con un gasto social mínimo de $707,8 millones.
Más adelante, asegura que buscará hacer más eficiente este tipo de erogaciones y se compromete a hacer un estudio pormenorizado sobre el sistema. “Se procurará reorientar el gasto social hacia programas de capacitación y empleo, y seguir reforzando los sistemas presupuestarios para garantizar que el gasto aborde las desigualdades de género”, apunta el memorando de política económica.
“Para mejorar aún más la eficiencia y focalización de nuestro apoyo social con respecto a los resultados definidos, trabajaremos con socios estratégicos para realizar y publicar una evaluación integral de nuestros programas y nuestras estrategias de apoyo social, con el objetivo de identificar opciones para la mejora de las políticas”, concluyó en ese sentido. Este estudio, se afirma, debería estar concluido hacia fin de año.
Por otra parte, el Fondo Monetario destacó que si bien la Argentina tiene números de pobreza más bajos que el promedio regional y de países como Brasil -aunque muy por encima de Chile, por ejemplo-, registra una tendencia de suba en los últimos 5 años, algo que no sucede en el resto de las economías latinoamericanas.
