La historia de la minería en Catamarca tuvo una infinidad de episodios polémicos y bochornosos. Desde el inicio de la explotación de Bajo de la Alumbrera, que puede tomarse como el comienzo de la megaminería en la provincia, la actividad siempre estuvo salpicada de acusaciones y sospechas, tanto a las empresas que explotaron yacimientos como a los funcionarios que gestionan las políticas públicas. En estos casi 25 años hubo denuncias y controversias de todos los colores, por contaminación, por contratos leoninos, por el despilfarro de regalías, especulación financiera y hasta el confeso uso de estos recursos de afectación especial para gatos corrientes. Pero la confesión del senador de Belén, Jorge Solá Jais, en plena sesión mientras defendía el nuevo Código de Procedimientos Mineros, se lleva por lejos la cucarda del primer premio al momento más inverosímil y escandaloso.
El Gobierno provincial avanzó en estos meses con varias reformas de los organismos involucrados en la gestión de la minería. Cambios que incluyeron replanteos administrativos y un nuevo modelo de autoridad minera, migrando del sistema judicial al administrativo. Esto último, proyecto que el gobernador Jalil venía impulsando desde el principio de su gestión, se concretó con la aprobación del nuevo Código de Procedimiento Minero, sancionado por las cámara legislativas la semana pasada.
Desde hacía unos meses el Gobierno había ido preparando el terreno para este cambio, no solo enumerando las falencias del modelo judicial, sino también dejando en evidencia las irregularidades cometidas en el Juzgado de Minas. Semanas atrás, a través de un informe elaborado y distribuido por la Agencia de Recaudación Catamarca, se acusó al juzgado del doctor Cerda de no cumplir con el cobro del canon minero a más de 60 empresas, cuya deuda supera los 100 millones de pesos.
Fue justamente argumentando a favor de ese proyecto de nuevo código que el senador belicho, presidente de la Comisión de Minería, tuvo un lapsus inaudito que cuesta discernir si fue resultado de una torpeza extrema o una implacable impunidad. En la apasionada alocución, describiendo las ventajas del sistema de autoridad minera en el ámbito administrativo (tal cual lo establece el nuevo código) y mostrando cómo este cambio eliminaría de raíz con “con la especulación de los pedimentos mineros”, el legislador confesó su participación en un delito.
Muy suelto de cuerpo, preocupado en ser convincente en su argumentación, Solá Jais se presentó como el pecador arrepentido que abre su alma para limpiar sus transgresiones y dar pruebas del poder de la fe. “Yo he participado personalmente en la especulación minera en algún momento”, se despachó el empresario minero, devenido en legislador y ahora a cargo de la comisión minera.
Pero en el increíble ataque de sincericidio, el legislador no se limitó a blanquear sus propios delitos, sino que además purgó las iniquidades de su cómplice en la corruptela, detallando conversaciones “con el Juzgado de Minas para que un expediente esté guardado en una caja fuerte y no tenga los tiempos ni los procesos de caducidad que dice el Código Nacional, y tenerlo guardado y no decir nada, y especular un año, dos años, diez años, veinte años sin desarrollar un proyecto, y mantenerlo para la especulación financiera y vaya a saber de qué cosas”. Poco que agregar.
Y si la escandalosa confesión ya era por sí sola una cachetada que habría dejado atónito a quienquiera que la escuchara, igual de desconcertante fue la pasividad y el silencio indiferente del resto de los senadores, que escucharon a un colega confesar un delito como quien oye llover. Inmutables, como si nada hubiera sucedido, nadie dijo absolutamente nada. Un senador, presidente de la Comisión de Minería se autoincrimina en maniobras ilegales con el poder judicial para fomentar la dañina especulación y a nadie se le movió ni un pelo.
A lo largo de 25 años de minería a gran escala hubo muchos episodios polémicos y denuncias relacionadas con la actividad. Desde la firma de un contrato para la explotación de Bajo de la Alumbrera con condiciones totalmente perjudiciales para Catamarca hasta el despilfarro de las regalías. Como cuando el ex gobernador Castillo justificó el uso de unos 100 millones de pesos de regalía para “mantener la paz social”, eufemismo para decir que había usado en sueldos y asistencia social fondos de afectación específica surgidos de la explotación de recursos no renovables.
Historias de derroche y malversación que se repitieron en bucle en los municipios. Cursos de capacitación, cordones cuneta, asfalto e iluminación pública fueron las “inversiones” preferidas de los intendente, escasos de ideas pero sobrados de ambición para sacar tajada de la licitación de las obras. La terminal de ómnibus y la “ciudad wireless” de Perea en Andalgalá (Dios es inalámbrico, promocionaba el delirante proyecto); los plazo fijo de Páez; la malversación de Monica Hernández (“no soy la única intendenta que tiene problemas administrativos con las regalías mineras”, se excusaba); la expoliación de Minas Capillita durante los años de Somica DEM, o la desmantelación de YMAD. La lista puede hacerse tediosamente extensa.
Desde 1997, año que inició la explotación de Alumbrera, todos los gobernadores hicieron alguna modificación, ajuste o “innovación” en la legislación y mecanismos de adminsitración, reparto y uso de los recursos mineros. El decreto de distribución de regalías de Oscar Castillo en 2003, la Ley 5.128 aprobada en 2004 durante el primer mandato de Brizuela del Moral, la reglamentación de esa distribución y administración de los fondos de Regalías Mineras mediante el Decreto Acuerdo Nº202 sancionada en la primera gobernación de Lucia Corpacci y la nueva Ley de Regalías Mineras impulsada por el gobernador Jalil y sancionada en junio pasado.
Absolutamente todas las iniciativas llegaban como una propuesta superadora para perfeccionar el sistema de distribución, para repartir de forma más equitativa los recursos, para garantizar la retribución económica a los departamentos mineros, para fomentar el impacto social de la minería, para tutelar la inversión de los fondos y evitar el despilfarro, para cortar con la especulación financiera. Y sin embargo, la minería no logra despegarse de todas esas prácticas amañadas y transparentarse definitivamente.
Es recurrente en los discursos antimineros demonizar al capital privado y se lo denuncia por generar situaciones de explotación abusiva y degradación. Pero la experiencia muestra que del lado del Estado, donde se debería defender los recursos provinciales y gestionar el desarrollo de las comunidades, surgen las mañas y triquiñuelas que boicotean los beneficios de la actividad.
“El modelo anterior, en el 99% de los casos provocó especulación con las concesiones y muy poco desarrollo. Lo digo con conocimiento de causa”, sentenció el senador Solá Jais, con la prueba plena de que se cometió un delito, porque el mismo fue partícipe. No solo confesándose miembro de un entramado de especulación y corrupción, sino sincerando una durísima realidad: no habrá legislación, ni sistema, ni organismo capaz de mejorar nada si el Estado mismo está viciado y es permeable a la corrupción. Tan naturalizado, que un senador, en plena sesión, confesó un delito y nadie dijo nada.