El Gobierno anunció el viernes pasado una nueva prórroga en el plazo de vencimiento de la renegociación de la deuda en dólares con acreedores en moneda extranjera. Se trata de una nueva extensión hasta el 24 de julio que refleja la dificultad para lograr un acuerdo sustentable que logre la aceptación de los bonistas.
La premisa del gobierno de Alberto Fernández en materia de deuda externa se basa en un punto clave: que el pago de los vencimientos no terminen generando mayor empobrecimiento de la sociedad, sino que, por el contrario, sean lo suficientemente bajos durante los primeros años para permitirle al Estado recomponer calidad de vida de los argentinos.
Tal como suele repetir el mandatario, en alusión a una frase del expresidente Néstor Kirchner, el esquema propuesto desde un principio apunta a que los acreedores comprendan que “los muertos no pagan”. Es decir, que cuanto más se asfixie a la sociedad argentina con vencimientos elevados de deuda en el corto plazo, menos podrá recuperarse económicamente y por lo tanto más difícil será cumplir con las obligaciones.
Qué tan lejos están el gobierno y los acreedores
Un análisis realizado por la consultora Ecolatina señala que al momento existen tres ofertas vigentes: “la del gobierno nacional, la del Comité de Acreedores de Argentina, al que se suman los fondos Fintech y Gramercy (BG), y la del grupo Ad-Hoc y Exchange (AE), integrado por BlackRock y Fidelity”. De las tres, la oficial es la más austera mientras que la de BG convalida mayor quita que la restante.
A mediados de abril, la cartera que conduce Martín Guzmán lanzó la primera propuesta. El Valor Presente Neto (VPN) de la misma se ubicaba en torno a los u$s40 valuado a una tasa de descuento del 10%. Debido a su baja adhesión (menos del 20%) debió ser retocada y mejorada.
Con respecto a las correcciones recientes, el Gobierno propuso el pago de un cupón de hasta 0,75% atado a todas las exportaciones medidas en dólares – no solo las agropecuarias como se conoció en un primer momento – y comparadas con un promedio de los últimos 5 años.
Pese a haber acortado la distancia, la propuesta aún se encuentra por debajo de lo requerido por los bonistas. Por ejemplo, la oferta exigida por BG se encuentra en el orden de los u$s53,8 por cada lámina de 100 a una exit yield del 10%. En tanto que AE hizo lo propio con una que supera los u$s60,3/100. “Además, el grupo AE pretende el cobro en efectivo de la mitad de los intereses corridos y la otra mitad con un bono, a la par que pidió un cupón vinculado al PBI en lugar del atado a las exportaciones ofrecido”, resaltó el informe de la consultora.
Un punto preocupante también tiene que ver con la litigiosidad. En ese sentido, AE amenazó con ir a la justicia de Nueva York en caso de que el gobierno nacional no flexibilice su postura. En caso de que esto ocurra se agravaría la situación, estancando las negociaciones.
Si bien ambas partes lograron acercar posturas y avanzar en el diálogo para evitar una judicialización, la demora en un acuerdo genera preocupación e incertidumbre. Desde Ecolatina remarcaron que “el problema es que esta extensión y una negociación que parece a punto de cerrarse, pero no lo hace, generan un estrés demasiado alto como norma de la economía argentina, de modo tal que desalientan cualquier proyecto o inversión de mediano plazo”.
El plan del gobierno de cerrar un acuerdo que implique un VPN igual o menor a u$s49,90 por cada lámina de 100 como mencionaron reiteradas veces funcionarios nacionales parece no encontrar asidero dentro de los acreedores.