El juicio oral a la vicepresidenta Cristina Kirchner y otros acusados por las presuntas irregularidades en las obras públicas que recibió el empresario Lázaro Báez se reanudará este lunes y entrará en su tercer año de proceso. Lo hará con certezas y expectativas ante un año que tendrá el voltaje de ser electoral.
El Tribunal Oral Federal 2 reiniciará este lunes a las 9.30 por videoconferencia las audiencias. Está prevista la declaración de dos testigos del área de auditoria de Vialidad Nacional. Son dos de los 100 que restan que den su testimonio. Con ese panorama las fuentes consultadas por Infobae coincidieron que este año no habrá veredicto. Más allá que muchos de esos testigos se puedan desistir, como ocurrió el año pasado, la parte final del juicio con los alegatos será extensa. Una certeza: todos aseguran que en 2021 el juicio no terminará.
Sobre los testigos también están puestas las expectativas. Entre los que faltan hay empresarios de la obra pública -algunos son arrepentidos en la causa de los cuadernos de la corrupción-, los peritos de la Corte Suprema de Justicia que concluyeron que en las obras hubo corrupción y también algunos políticos relevantes. El más importante es el presidente Alberto Fernández, propuesto por la defensa de Cristina Kirchner.
Fernández defendió públicamente a Cristina Kirchner por este juicio. “Ercolini dice que Cristina es responsable de mandar los presupuestos de obra pública de Santa Cruz y de promulgar la Ley de Presupuesto donde se aprobaron. ¿Qué delito es ese?”, dijo en junio de 2019, un mes después del comienzo del juicio y cuando ya era candidato. Julián Ercolini es el juez federal que procesó y envió a juicio a la vicepresidente en este caso.
La acusación es por los delitos asociación ilícita y de administración fraudulenta en perjuicio de una administración pública.
Se juzgan las presuntas irregularidades -sobreprecios, rutas no terminas, ampliaciones de presupuesto, empresas sin la capacidad operativa para los trabajos, etc.- en la concesión de 51 obras públicas para la provincia de Santa Cruz que durante los 12 años de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner recibieron las sociedades de Báez, que se convirtió en empresario con la llegada del kirchnerismo al poder nacional.
El juicio que está a cargo de los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso -el fiscal es Diego Luciani-, que aceptaron la declaración de 184 testigos, de los que ya declararon 41 y otros 36 fueron desistidos durante el transcurso del juicio porque las partes entendieron que ya no eran necesarios. Quedan 98. Y hay otros nueve que están siendo investigados por el mismo hecho y resta esperar a que se defina su situación para saber si pueden declarar como testigos.