Cuando a mediados del mes de septiembre de 1990 se empezaron a conocer los nombres de los implicados en el atroz femicidio de María Soledad Morales, y salieron a la luz las maniobras que se habían hecho buscando el ocultamiento y la impunidad del crimen, la sociedad empezó a hablar de “los hijos del poder”. Señalaba a ese grupo de jóvenes, con vínculos parentales con el poder político, cuyos mayores habían usado sus influencias y recursos para esconderlos de la justicia y evitarles las consecuencias de sus actos criminales. Aunque este brutal hecho tuvo características escalofriantes y efectos institucionales graves, a lo largo de los años se produjeron muchos otros episodios (con su matices y particularidades) de una dinámica similar: personas jóvenes desaprensivas causando graves daños, adultos encubridores usando su poder para evitarles el brazo punitivo de la ley.
En el caso de María Soledad, el más brutal y grosero intento de impunidad criminal que registra la historia de la provincia, el poder del que disponían los victimarios y su entorno era el político. La turbulenta investigación policial y judicial, recientemente rememorada al cumplirse 30 años del espeluznante femicidio, terminó comprobando prácticas despiadadas en el homicidio y burdos intentos de ocultamiento. Política, fuerzas de seguridad, justicia corrompidas y manipuladas para evitar el castigo de esos “hijos del poder”.
Ahora bien, no siempre el poder del que se dispone es el político. Y en muchos casos, el uso de ese poder es más mesurado o sutil, sin llegar a los extremos repugnantes del caso María Soledad, pero persiguiendo un mismo objetivo y aplicando un mismo mecanismo.
El 29 de febrero de 2004, Julio César Sánchez y Luis Nieva murieron al ser violentamente atropellados por Esteban Casas. Las pericias del accidente ocurrido en el puente de Sumalao, sobre la Ruta Provincial 33, determinaron que los fallecidos circulaban en el mismo sentido que el Ford Focus de Casas, quien los atropelló desde atrás cuando manejaba a alta velocidad y en estado de ebriedad.
El hecho tomó inmediata notoriedad, no solo por lo impactante del doble homicidio, sino por ser el homicida hijo de Pedro Casas, hombre de larga trayectoria política en el entonces gobernante FCyS (ministro de Gobierno de Oscar castillo, diputado y senador por esa coalición) y con una carrera que ya le había dado cargos importantes a mediados de los 80 (ministro de economía de Ramón Saadi).
Es cierto que Esteban Casas quedó inmediatamente detenido luego del accidente y permaneció en esa condición por unos tres meses. Pero, en todo el proceso investigativo y judicial, quedó patente la disponibilidad de una cuota de poder que se puso a disposición de su defensa. Claramente en la magnitud no hay punto de comparación con el hecho citado al inicio de este escrito, pero el sutil uso del poder político y sobre todo económico, marcó una enorme asimetría con la familia de las víctimas en la capacidad de litigar.
En 2005, el juez correccional Luis Mario Varela, condenó a Casas a tres años de prisión en suspenso y a diez años de inhabilitación para conducir. Ante la apelación de la querella (por considerar la pena demasiado leve) la causa llegó a la Corte de Justicia de la provincia. Allí, con una sentencia dictada en julio de 2006, los jueces César Ernesto Oviedo, José Ricardo Cáceres y el subrogante Jorge Álvarez Morales, decidieron revocar el fallo primera instancia y condenar a Casas a cumplir la pena de tres años de prisión efectiva.
Pero la disponibilidad de recursos económicos le permitió a Esteban Casas sostener un proceso judicial por más de tres años, hasta llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, patrocinado por eminencias de las leyes (como el penalista José Caferatta Nores) con curriculums casi tan abultados como sus honorarios. Y así, con todo ese poder económico a favor, se logró el objetivo: el máximo tribunal falló a favor de su planteo y conmutó su condena a “condicional”. Un tiempo después ya había recuperado la libertad y su licencia de conducir.
El 3 de marzo de 2013 a las 4.40 de la madrugada, Elian Kotler conducía un VW Bora por avenida Ocampo. Según las pericias iba a 108 kilómetros por hora y con 0,89 gramos de alcohol en sangre. En la esquina de la calle Tadeo Acuña, arrolló y mató a Pablo Camaño, que estaba con su moto detenido en el semáforo, e hirió de gravedad a dos jóvenes que viajaban en un remis. El padre de Kotler ni nadie de su familia tiene una vinculación directa con la política. Pero dispone en abundancia el poder económico. Y lo usaron sin mesura para liberar a Elian de pagar por su conducta homicida.
El 27 de septiembre de ese mismo año la causa se elevó a juicio. Pero, un poco por la lentitud de la justicia, otro poco por habilidad de sus bien pagos abogados, Kotler logró dilatar y estirar el proceso por más de cinco años, tiempo durante el cual Elían vivió su vida normal de una familia con dinero, incluidos varios viajes al exterior del país.
La sentencia contra Kotler se dictó el 14 de mayo de 2018, cuando fue condenado a 4 años de prisión por “homicidio culposo agravado por la conducción imprudente” y “lesiones culposas”. Sin embargo, llegar a esa instancia costó a la familia de Pablo Camaño “sangre, sudor y lágrimas”. El juicio fue suspendido en varias oportunidades por estrategias procesales, como la presentación de suspensión de juicio a prueba, recursos extraordinario en la CSJN y tretas judiciales, como la renuncia de su defensa un día antes del inicio del juicio ya reprogramado.
La condena de prisión efectiva tampoco logró doblegar la obstinación de la familia Kotler con que Elián no vaya a la cárcel. Luego de la sentencia del juez correccional de Primera Nominación, Marcelo Forner, y que el fallo quedó firme, iniciaron una sucesión de presentación de recursos y apelaciones, que a medida que iban siendo desestimadas eran seguidas por otras y otras, a costas de una onerosa inversión en abogados y asesores jurídicos. Con esas maniobras dilatorias, lograron demorar casi 13 meses el inicio del cumplimiento de la condena por homicidio. Hasta que el 7 de junio de 2019, finalmente fue traslado al penal.
Pero la obsesión de la familia Kotler de evitarle la cárcel tampoco se detuvo ante ese evento. A partir de allí comenzó el despliegue de mil maniobras (de todo tipo) para carroñarle a esos cuatro años de prisión todos los días, horas y minutos que se pudieran.
Desde que Elián Kotler ingresó al penal, no faltaron las denuncias por salidas irregulares, tratos preferenciales dentro de la cárcel, constantes consultas al médico y permisos para pernoctar fuera del penal por reuniones familiares. El historial de denuncias por maniobra evasiva de la condena hasta incluyen la detención en un control vehicular de una camioneta de la familia Kotler conducida por una persona sin licencia ni documentos que, según personas que participaron del operativo, era Elian.
Hasta que finalmente, también a fuerza de dinero con el que costearon un equipo de médicos y abogados buscandole la vuelta, y tras cuatro meses de permanecer internado en la habitación VIP de una clínica privada por una “dolencia” poco clara, Elían Kotler consiguió la prisión domiciliaria. El poder económico y las influencias, dilataron nueve años su encarcelamiento y acortaron a menos de un año su permanencia en el penal.
Para cuando pase la pandemia por coronavirus (supuesto argumento con el que la justicia justificó la prisión domiciliaria) más algún otro recurso dilatorio y cómputos beneficiosos de los tiempos de condena, probablemente Elián Kotler no vuelva al penal. Y termine cumpliendo la mayor parte de una pena (que se suponía ejemplar para castigar una conducta homicida) en su casa u otros lugares privilegiados.
Días atrás, en la ruta provincial N° 4 al ingreso de la localidad de El Rodeo (Ambato), se produjo un violento vuelco. Según información extraoficial, el siniestro había sido producto de una maniobra fallida en el intento de evitar un control. El joven conductor de la camioneta fue identificado como Facundo Vehils Ruiz, hijo del fiscal federal Rafael Vehils Ruiz, quien (también según versiones extraoficiales) habría intentado interceder en el despliegue policial y judicial por el siniestro. Un accidente que, con un poco menos de fortuna, podría haber sido trágico.
Unos días antes, el mismo Facundo Vehils Ruiz había sido detenido por consumir bebidas alcohólicas en el vehículo e incumplir las medidas de aislamiento y restricción de circulación. Mientras que en mayo pasado, habia sido investigado por presunta violación del ASPO, por viajar a Tucumán para buscar a su novia y los padres de ésta, que regresaban de un viaje en el exterior. Una seguidilla de inconductas notorias y públicas (con consecuencias mucho menos graves que las más arriba compiladas) cuyos castigos trascendieron.
Claramente, la influencia del poder depende en gran medida de la permeabilidad o maleabilidad de las instituciones a sus presiones. En el caso Maria Soledad (el más repulsivo de todos) política, fuerzas de seguridad y justicia cedieron a la presión de forma aberrante. En el resto de los casos, probablemente la mayoría de las estrategias y recursos que se usaron para evitar el castigo estén dentro de los recursos y garantías legales que asisten a cualquier persona involucrada en un proceso penal. Pero que solo están al alcance de quienes disponen del poder económico para costear el patrocinio legal, generando asimetrías enormes entre los litigantes. Con lo que queda claro que hay una justicia sólo disponible para los que tienen el poder.
A la par, en detalles más sutiles y difíciles de comprobar, las influencias de las familias con algún poder cosechan beneficios. Tanto en el caso de Casa como el de Kotler, fueron numerosas las denuncias de la familia de las víctimas por tratos preferenciales, celdas VIP, permisos especiales y trámites judiciales llamativamente favorables, entre otros. En la causa de Kotler, la tramitación de los permisos de salidas, la autorización para una prolongada internación en una clínica y el otorgamiento de la prisión domiciliaria mostraron una notoria celeridad y respuestas siempre complacientes de parte de la justicia.
Claramente, esta impronta al afrontar las consecuencias de las acciones responde a un perfil de personas que naturalizan el uso del poder para conseguir ventajas y desembarazarse de las implicancias. A su vez, el éxito de esa forma de manejarse (causa y consecuencia) les resulta un aprendizaje que incentiva esa conducta.
Años después de causar la muerte de dos personas, Casas fue detenido al menos una vez manejando ebrio y con el carnet inhabilitado. Cinco años antes de causar la muerte de Camaño, Elián Kotler ya había tenido una sanción por manejar en estado de ebriedad. Y en el mes de agosto de este años un hermano menor, causó un choque por las mismas causas.
Una breve semblanza de los “hijos de los que tiene algún poder”, apañados por sus adultos, que se las arreglan para evitarles las consecuencias de sus actos. Demostrando que para ellos, un grupo selecto, las conductas delictivas no tienen castigo.