El gobierno de Javier Milei analiza crear un nuevo fondo para financiar la compra de armamento y el reequipamiento de las Fuerzas Armadas con parte del dinero que obtenga por la venta de activos del Estado. La iniciativa contempla destinar el 10% de lo recaudado por privatizaciones, venta de terrenos e inmuebles públicos y otros bienes estatales a inversiones de capital en el área de Defensa, en una medida que la Casa Rosada busca encuadrar dentro de la nueva etapa de la reforma del Estado prevista para 2026.
Según trascendió, el oficialismo estudia instrumentar el esquema por decreto o a través de una herramienta de mayor alcance normativo, aunque el principal obstáculo no sería la venta de activos sino el destino específico de esos recursos. La Ley de Administración Financiera establece que los fondos con afectación específica deben surgir por ley, por lo que dentro del propio Gobierno reconocen que todavía está en análisis la viabilidad jurídica de crear un mecanismo de este tipo solo por vía administrativa.
La propuesta aparece además en un contexto particular: el Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF), creado en 2020 para financiar la modernización y recuperación de capacidades militares, perdió su fuente automática de financiamiento luego de que el Presupuesto 2026 derogara el inciso clave que fijaba una asignación específica sobre los ingresos corrientes del Estado. Ese cambio ya había sido advertido por distintos medios especializados y políticos como un golpe a la previsibilidad presupuestaria del reequipamiento militar.
En la Casa Rosada sostienen que el nuevo fondo buscaría sostener un paquete de compras que excede las adquisiciones ya encaminadas. Entre los programas mencionados figuran la incorporación de blindados Stryker para el Ejército, el sostenimiento del plan de los F-16 con entrenamiento de pilotos y el financiamiento para helicópteros navales livianos para la Armada. A eso se sumarían proyectos abiertos vinculados a submarinos, buques y otras capacidades estratégicas.
El plan se apoya en paralelo sobre la aceleración del proceso de privatizaciones y de venta de bienes estatales. Días atrás, ya se había informado que el Ejecutivo busca avanzar con la subasta de terrenos de las Fuerzas Armadas y otros inmuebles considerados “innecesarios para la gestión estatal”, utilizando como base administrativa el decreto 950/2024 y el trabajo de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).
Dentro del oficialismo calculan que, si logran acelerar privatizaciones, concesiones y enajenación de inmuebles, el eventual fondo podría reunir entre 1.500 y 3.000 millones de dólares en distintas etapas. Entre los procesos más avanzados que el Gobierno ubica para 2026 aparecen Intercargo, Belgrano Cargas y AYSA, mientras que otros expedientes como Nucleoeléctrica, SOFSE, YCRT y nuevos tramos de Corredores Viales siguen bajo análisis o con ritmos más lentos.
