La COP30 concluyó en Belém, Brasil, con un acuerdo final que generó frustración entre delegaciones y especialistas en política climática. El documento, aprobado por consenso entre casi 200 países, eludió fijar una hoja de ruta concreta para la reducción y eventual salida de los combustibles fósiles, uno de los temas centrales de la negociación.
El cierre de la conferencia estuvo marcado por reclamos de varios países latinoamericanos, entre ellos Argentina, Colombia, Ecuador, Panamá, Uruguay y Paraguay, que manifestaron su disconformidad durante la sesión final. Las delegaciones objetaron el mecanismo de aprobación y señalaron que las decisiones clave se tomaron sin el nivel de consulta esperado.
La ausencia de metas explícitas respecto al abandono del petróleo, el gas y el carbón fue uno de los puntos más cuestionados. Según negociadores presentes en la cumbre, la falta de plazos concretos refleja concesiones a los grandes productores de hidrocarburos y debilita el rol de la COP como espacio para acelerar la transición energética.
La conferencia también atravesó momentos de tensión fuera del plano estrictamente diplomático. Un incendio en la Zona Azul —el sector oficial del evento— obligó a evacuar parcialmente el recinto en la etapa final de las discusiones, provocando demoras y complicaciones logísticas en las últimas jornadas.
A pesar de las críticas, los organizadores defendieron el texto final y subrayaron que reafirma los compromisos del Acuerdo de París, además de exhortar a los países a elevar su ambición climática. No obstante, para muchas organizaciones ambientales y parte de las delegaciones presentes, el resultado fue un acuerdo “de mínimos” y alejado de la urgencia marcada por la comunidad científica frente al calentamiento global.
