El Juzgado Federal N°3 de La Plata, a cargo del juez Ernesto Kreplak, ordenó una batería de peritajes fundamentales que podrían ser determinantes en la causa que investiga la muerte de 54 personas a causa del uso de fentanilo contaminado. El medicamento, producido por los Laboratorios Ramallo S.A. y distribuido por HLB Pharma Group S.A., contenía bacterias peligrosas como Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii, y es vinculado directamente con los decesos registrados en distintos puntos del país.
Kreplak ya había dispuesto la inhibición de bienes de nueve sociedades y de 24 personas físicas, entre ellos Ariel García Furfaro y Jorge Manuel Salinas —propietarios de los laboratorios involucrados—, así como directores técnicos, responsables de calidad y exsocios. A todos ellos también se les prohibió salir del país ante un eventual riesgo de fuga.
Entre las medidas más relevantes, se ordenó al Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema analizar las historias clínicas de las víctimas para establecer con precisión si la causa de muerte estuvo asociada a la administración de fentanilo de los lotes contaminados. Paralelamente, se instruyó a la Administración Nacional de Laboratorios “Dr. Carlos G. Malbrán” a revisar los batch records de los lotes 31202 y 31244 de fentanilo estéril inyectable, así como los insumos utilizados en su producción, en busca de irregularidades o adulteraciones.
Los expertos deberán confirmar si los registros documentales reflejan fielmente el proceso productivo o si hubo omisiones intencionales, lo cual podría configurar un delito aún más grave. En paralelo, se indaga si parte de la materia prima, cinco kilos de citrato de fentanilo, habría sido desviada al mercado ilegal.
La causa cobró una dimensión aún mayor tras revelarse que, seis días antes de la elaboración de los lotes contaminados, la ANMAT realizó una inspección no programada en Laboratorios Ramallo que detectó “riesgo sanitario grave” y falta de validaciones de procesos. Sin embargo, recién 59 días después de dicha auditoría, se inhabilitó a la firma para seguir produciendo medicamentos para HLB Pharma, lo que plantea un serio interrogante: ¿pudo haberse evitado la tragedia si se actuaba a tiempo?
La investigación también involucra al municipio de Rosario, aceptado como querellante, cuyo intendente, Pablo Javkin, señaló la existencia de vínculos de los imputados con personas condenadas por narcotráfico, entre ellas Mario Segovia, conocido como el “Rey de la Efedrina”. El escrito presentado por Rosario destaca una continuidad estructural entre Laboratorio Apolo —escenario de una explosión investigada en otra causa— y los laboratorios actualmente imputados.
Desde el juzgado aclaran que la complejidad del caso, que abarca víctimas en múltiples provincias y pericias técnicas de alta especificidad, impide una resolución acelerada. “No se trata de política judicial, sino de hechos probados”, señalan desde el entorno del magistrado, que busca sustentar cualquier imputación con pruebas firmes y peritajes concluyentes.
Si no surgen contratiempos, se espera que para fines de agosto se cuente con un panorama técnico y jurídico más claro. A partir de allí podrían definirse las imputaciones, las calificaciones penales, los llamados a indagatoria y los posibles procesamientos.
Las próximas semanas serán decisivas para una causa que no solo involucra a empresas privadas, sino que interpela el rol de los organismos de control, las fallas en la cadena sanitaria y los límites éticos de la industria farmacéutica.