El diputado provincial Hugo Ávila, con el patrocinio del abogado Diego Quinteros Martínez, presentó una denuncia penal ante el Fiscal General de Catamarca para que se investigue la posible comisión del delito de encubrimiento agravado en el marco de la causa que investiga la muerte del exministro de Desarrollo Social, Juan Carlos Rojas.
La denuncia apunta directamente contra el gobernador Raúl Jalil y la exministra de Seguridad Fabiola Segura, además de otras personas que puedan haber intervenido en acciones orientadas a entorpecer la investigación judicial. Según Ávila, se configuró un “plan de encubrimiento institucional” con el fin de desviar el curso normal del proceso penal y garantizar impunidad.
Uno de los elementos claves que motivaron la presentación es un audio filtrado recientemente en el que se alude a supuestas influencias del Poder Ejecutivo sobre decisiones del Ministerio Público Fiscal, en particular en relación con el Jury de Enjuiciamiento contra el fiscal Hugo Costilla. En el audio, que ha sido difundido por este medio, se escucha una conversación en la que se afirma que la actuación del fiscal Augusto Barros habría estado condicionada por directrices políticas impartidas desde la Gobernación.
Ávila sostiene que este material no solo revela una posible interferencia en la causa disciplinaria contra Costilla, sino que también refuerza la sospecha de que hubo presiones y manipulaciones en la investigación por la muerte del ministro Rojas. En este sentido, se enumeran en la denuncia múltiples irregularidades que habrían ocurrido durante el proceso judicial: contaminación de la escena del crimen, lavado del cuerpo, alteración de la cadena de custodia, inacción del fiscal actuante, y la falta de remisión de imágenes claves del sistema de videovigilancia 911.
La denuncia también refiere a declaraciones previas del fiscal Costilla, quien había anticipado que parte de la prueba tecnológica, como datos de geolocalización solicitados a Google, aún no habían sido entregados. Estas afirmaciones, según Ávila, reflejan que existen elementos sensibles aún no revelados públicamente que podrían comprometer a altos funcionarios provinciales.
Entre las medidas solicitadas, el diputado pidió el apartamiento inmediato de los fiscales involucrados, la intervención del Procurador General de la Corte y el secuestro de material probatorio relevante. Además, reclamó la incorporación del audio como elemento indiciario del delito de encubrimiento agravado, previsto en el artículo 277 del Código Penal.