La diputada provincial Alicia Paz de la Quintana (Unión Cívica Radical) presentó un proyecto de ley que busca reformar de manera integral la Ley N.º 3509, normativa que regula el funcionamiento de la Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP).
La iniciativa surge como respuesta a los reiterados reclamos de los afiliados —tanto activos como pasivos— respecto a la calidad de las prestaciones, la falta de transparencia en la gestión y las dificultades económicas que atraviesa la institución. El proyecto propone una modernización profunda del sistema, enfocada en mejorar los mecanismos de control y gestión administrativa.
“La situación actual de la OSEP es insostenible. El Gobierno no lo está viendo, no lo está considerando”, denunció la legisladora. En ese sentido, cuestionó el reciente decreto del Poder Ejecutivo que plantea un aumento en la alícuota que se descuenta a los afiliados, afectando principalmente a quienes perciben los haberes más bajos. “Van a ser quienes se vean más perjudicados con esta decisión”, advirtió.
Frente a esto, Paz de la Quintana propuso un enfoque opuesto: “Nosotros, a la inversa de eso, estamos pidiendo que los coseguros sean diferenciados para que nadie quede fuera del sistema de salud. El Gobierno está apretando donde no se debe”, concluyó.
Entre los principales ejes del proyecto se destacan:
1) Creación de un Directorio tripartito, conformado por un representante del Poder Ejecutivo, uno de los afiliados activos y otro de los jubilados, designados por concurso. Esta medida busca ampliar la participación y mejorar la calidad de las decisiones.
2) Instauración de una Comisión Fiscalizadora independiente, integrada por un profesional en Ciencias Económicas y otro en Ciencias de la Salud, con funciones de auditoría, control de gestión y emisión de informes públicos trimestrales.
3) Reformulación del régimen de coseguros, con criterios de equidad y progresividad. Se establecen tarifas diferenciadas por ingreso, exenciones totales o parciales para jubilados de bajos ingresos, personas con discapacidad y pacientes crónicos, topes familiares.
4) Establecimiento de un incremento del aporte solidario transitorio del 4.5% al 5% sobre las remuneraciones de funcionarios con rango superior a Director General, con una duración de un año. Los fondos serán destinados exclusivamente a prestaciones médicas y controlados por la Comisión Fiscalizadora.
La legisladora expresó: “Este proyecto no solo responde a un reclamo legítimo de los afiliados, sino que ofrece una herramienta concreta para recuperar la confianza en la obra social, garantizar el acceso a la salud con criterios de justicia y fortalecer el control ciudadano sobre los recursos públicos.”