El Estadio Bicentenario, monumento a la corrupción y la impunidad, cumplió este lunes 10 años desde su inauguración. Ese al que se le asignó un presupuesto multimillonario y menos de un año después ya comenzaba a evidenciar los vicios y falencias en su construcción. El mismo que desde el día del corte de cintas hasta hoy estuvo casi la mitad del tiempo cerrado o directamente clausurado por su estado de destrucción. La pomposa inauguración y las noches de Copa Argentina a estadio lleno rápidamente dieron paso a la desolación causada por estrago de la corrupción.
Esta indignante historia de desaprensión y complicidad comenzó en 2008 durante la segunda gobernación de Eduardo Brizuela del Moral y su ladero Juan Acuña como ministro de Obras Públicas. Ya polémica y cuestionable por lo poco prioritario, la obra del Estadio Bicentenario fue adjudicada a la empresa Capdevilla S.A, la gran constructora durante la era brizuelista.
Tenía un presupuesto inicial de casi 37 millones de pesos, pero con la mecánica de “redeterminación de precios” se le concedió a la empresa reiteradas ampliaciones presupuestarias aprobadas por Acuña, hasta superar los 56 millones de pesos.
Se inauguró el 30 de noviembre de 2010, en una ceremonia aparatosa con música, fuegos artificiales y un partido de exhibición. Pero menos de un año después, hacia julio de 2011, ya comenzaban a aparecer las consecuencias de una obra mal improvisada, pésimamente construida y sin supervisión del Estado.
La utilización del Estadio Bicentenario para una buena cantidad de partidos de Copa Argentina y otros torneos de AFA y algunos eventos disimuló por algún tiempo que la estructura se iba desmoronando por los gravísimos vicios de construcción. Deterioro que avanzó hasta que se volvió imposible de ignorar, transformando a la mega obra de Brizuela del Moral en un recinto derruido y peligroso. Totalmente deteriorado, inestable y con riesgo de derrumbarse, fue clausurado en junio 2016.
La decisión fue tomada por la gobernadora Lucia Corpacci, quien recibía la recomendación de peritos y especialistas que le advertían sobre el “problema potencialmente muy grave” y que lejos de ser “una falla localizada” se extendían en toda la estructura del recinto deportivo.
Los informes, elaborados a partir de reiteradas inspecciones del destruido Estadio Bicentenario, fueron categóricos en señalar las gravísimas falencias proyectuales, las deficiencias constructivas y la permisividad del Estado. Los informes hablaban de “fallas significativas en todos los aspectos” señalando que “el proyecto” de la obra del Estadio, era en realidad un anteproyecto”. Además de indicar que “la obra no se ejecutó de acuerdo a la documentación técnica obrante en los pliegos”.
El deterioro vertiginoso que transformó al Estadio en un edificio al borde del colapso tuvo causas tan simples como nefastas. Según especialistas que inspeccionaron las ruinas del Bicentenario, “el proyecto se fue haciendo a medida que se hacía la obra” y “no se respetaron las normas de construcción ni de terraplenes ni de hormigón”. Según informes de peritos oficiales, se detectaron “deficiente llenado de los encofrados y mala colocación de armaduras”, “utilización de áridos contaminados”, “falta de recubrimientos, eflorescencias salinas, fisuras en distintas piezas” y “falta de recubrimiento que afectó a todo el hormigón”. Además de detectar que “el material de relleno de terraplenes no estaba debidamente calificado y falló debido a la mala calidad del suelo y la mala compactación”. En definitiva, una construcción calamitosa, que no podía menos que terminar derruida como terminó.
El proceso que le siguió a la declaración del estrago y la clausura en 2016 no fue menos engorroso. A partir de los informes elaborados por la Universidad de Tucumán, en 2017 el Gobierno anunció que demandaría a la empresa Capdevilla para que pague los costos de la reparación del Estadio. El entonces Fiscal de Estado, Carlos Bertorello, estimó que la demanda sería por unos 36 millones de pesos. Pero poco tiempo después, la constructora inicia un concurso preventivo de quiebra con convocatoria de acreedores. Por lo que, en marzo de 2018, el mismo fiscal Bertorello tramita ante el Juzgado Civil la presentación de la Provincia como acreedora, reclamando 280 millones de pesos.
Son complejos y erevesados los procesos judiciales que hicieron que el culebrón por el Estadio Bicentenario llegara hasta la Corte de Justicia. Además de eternos e ineficientes, al punto tal de que en 2020, todavía no había una resolución. Por lo que el gobernador Jalil decidió avanzar con la recuperación del Estadio y se decantó por elegir el camino del “mal arreglo” antes que seguir intentando “un juicio ganado”.
Ya lo advertían los peritos, “siempre hay posibilidad de reparar una obra, solo que se debe contemplar los costos requeridos”. Y agregaba: “cuando se trata de reparar un gran porcentaje de las columnas, vigas y losas, puede resultar prohibitivo, mucho más caro que el costo a nuevo de la obra”. Así, tal cual sucedió. La Provincia avanzó con un acuerdo extrajudicial en el que la constructora se comprometió a pagar 44 de los 115 millones que el Gobierno estimó para las obras de recuperación.
Los informes de las pericias a la obra del Estadio señalan que “la responsabilidad del Proyecto recae sobre la Administración” y citando a la Ley 2730 de Obras Públicas de la Provincia de Catamarca, apunta al área contratante como “responsable del proyecto que manda a ejecutar”. Sin embargo, en diez años, nadie respondió por tremenda dilapidación de recursos en una obra que se construyó con gravísimas falencias y que ningún funcionario de las áreas públicas que la contrataron, supervisó ni denunció.
Los políticos, empresarios y abogados podrán dar sus argumentos y explicaciones sobre lo conveniente y lo factible. Pero los ciudadanos, que ni saben ni tienen porqué saber de vericuetos administrativos, artimañas legales y jugarretas burocráticas, solo ven que el Estado pagó con fondos públicos millones de pesos por una obra que apenas se pudo usar un par de años antes de que colapsara y cuya reparación va a costar tres veces más y que nadie nunca nadie se hizo responsable.