Discutir salarios, acelerar altas y saldar deudas de haberes en el sector público parecen tareas demasiado acotadas para un ministerio. Es verdad que en la provincia los empleados públicos son varias decenas de miles, que la economía de un enorme porcentaje de las familias catamarqueñas dependen del Estado y que la organización del recurso humano de los organismos estatales es caótico. Pero, por complejos o urgentes que sean, no dejan de ser problemas de la gestión interna de los organismos estatales. Y cuesta conceptualizarlos como asuntos de política pública para justificar la creación de un nuevo ministerio.
El Ministerio de Trabajo que el Gobernador armó y puso en funcionamiento parece un contenedor demasiado grande para el contenido, y por lo tanto poco pertinente. Los ministerios son “órganos en los que se divide la Administración Pública, para llevar adelante las políticas del gobierno en un área de competencia especial”. Y las políticas políticas públicas son acciones que buscan cómo dar respuestas a las diversas demandas de la sociedad. Los empleados públicos son “parte de la sociedad”, pero no son “la sociedad”.
La comunicación oficial de la asunción de Ariel Luna como primer ministro de Trabajo de la Provincia, señala que la nueva cartera es el “ámbito de discusión salarial de cada una de las Organizaciones Sindicales, conjuntamente con el ministerio específico del área gremial que corresponda”. Es decir, un organismo para negociar la pauta salarial de los empleados públicos. Y en declaraciones a la prensa, el funcionario señaló que una de sus prioridades era “agilizar las altas de los docentes” y dar respuestas a la deuda en el pago de los salarios a los educadores.
Bajo el membrete del Ministerio de Trabajo se esperaría encontrar una estructura dedicada a políticas públicas de generación o fortalecimiento del trabajo genuino, que diseñe proyectos de fomento del empleo privado para descomprimir las asfixiadas arcas públicas. En cambio, la nueva estructura ministerial parece estar dedicada íntegra y exclusivamente al empleo público. Por lo que más que un Ministerio de Trabajo parece un ministerio de Empleados Públicos o de RRHH de la Provincia.
Aunque es verdad que hay otras áreas dedicadas a la producción, la industria o las Pymes, el ministerio creado para con el rótulo “de Trabajo”, por definición se esperaría que el Ministerio de Trabajo tenga en su portafolio alguna propuesta para reanimar el convaleciente mercado laboral. A menos que el empleo público sea el único horizonte en materia de trabajo. Lo que colisiona con el proyecto del Gobernador quien declama el achique del Estado y el crecimiento del sector privado.
Claramente, y como ya se señaló párrafos más arriba, no se puede desconocer el impacto del empleo estatal en la economía provincial y la dependencia de los recursos públicos. Una realidad socio económica indeseada y mal vista, pero que en el contexto de la pandemia permitió amortiguar el impacto financiero de mantener la cuarentena. Quizás desde ahí, y sabiendo el estado de ánimo del empleado público es el termostato del humor social, la creación del Ministerio de Trabajo se entienda.
Por otro lado, la creación de este nuevo ministerio sigue la lógica aplicada en la reestructuración del gabinete que el mandatario implementó cuando asumió y la posterior dinámica de designación de ministros, sobre todo en la elección de aquellos que asumieron en lugar de otros que dejaron su función.
Con un estilo random y algo impulsivo, se eligió como ministros a personas que poco pueden justificar con su CV que los hayan escogido. Días atrás se concretó la primera reunión de gabinete del 2021 para “delinear los objetivos del año”. Y en la ronda estaban funcionarios como la ministra de Educación, el de Agricultura y Ganadería, la de Minería o la de Ciencia e Innovación que, a juzgar por su formación y experiencia, bien poco habrán aportado a la construcción del proyecto anual.
El gabinete del Gobernador tiene ya 18 ministerios. El último es el flamante Ministerio de Trabajo y RRHH. Un ministerio entero para ordenar el empleo público.