La casta política resiste y sigue pateando para adelante la aprobación de Ficha Limpia, que tras el fracaso del año pasado intentará convertirse en ley este año.
Que haya delincuentes condenados a la caza de cargos públicos es una verdadera anomalía institucional que degrada la política y erosiona la confianza ciudadana. Pero hay un núcleo que se niega una y otra vez, y que impide cancelar la posibilidad de que personas con condenas confirmadas sigan compitiendo por el poder, dictando leyes o administrando recursos públicos.
No se trata de una discusión jurídica ni de una proscripción, sino de una cuestión de decencia republicana. El sonoro fracaso que protagonizó durante el último año el Congreso, que prefirió proteger a los culpables permitiéndoles volver a candidatearse, no debería repetirse.
Aquel proyecto largamente postergado por el Parlamento era un piso mínimo. Establecía que no podrían ser candidatos a cargos electivos quienes tuvieran condenas confirmadas en segunda instancia por delitos de corrupción contra la administración pública. No creaba figuras nuevas, no vulneraba garantías constitucionales ni habilitaba persecuciones judiciales, tal como pretendieron hacer creer quienes, como Cristina Kirchner, están condenados en dos instancias por graves delitos. Lamentable y peligrosamente, el Congreso envió un mensaje inequívoco con aquel rechazo: para una parte significativa de la dirigencia, la honestidad sigue siendo optativa.
El argumento de la “proscripción” fue la coartada predilecta, pero no la única. Se pretendió instalar que exigir un estándar ético básico equivalía a violar la voluntad popular. Resulta muy curioso -por no decir inaudito- que haya que recordarles a los legisladores que la República no se funda solo en el voto, sino que se afirma en reglas, límites y responsabilidades. Nadie discute que a un condenado se le prohíba ejercer ciertas profesiones o administrar bienes ajenos. ¿Por qué, entonces, debería poder regir los destinos del país o representar a la Nación? Confundir garantías con impunidad es una de las tretas mafiosas más persistentes de la política argentina.
Proscripto fue Juan Perón, que era presidente, le bombardearon plaza de mayo y se tuvo que ir del país. Decir que Cristina está proscripta es una exageración, una victimización que busca tapar la corrupción.
Eso hacen sus fanáticos, como la catamarqueña Lucía Corpacci. Se entiende, porque lleva casi 20 años viviendo del Estado gracias al kirchnerismo, y hoy ocupa una banca donde oficia de defensora de Cristina a cualquier precio.
Como ella, el kirchnerismo en su conjunto se abroqueló en el Congreso en defensa de su jefa política con el falso argumento de que se trataba de un intento de sacarla de la competencia electoral. Cristina Kirchner ha sido condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos en dos instancias judiciales en la causa Vialidad. La resolución de la Cámara de Casación que le confirmó esa condena para ejercer la función pública es de por sí una sentencia firme por más que aún reste el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia, pues el superior tribunal de la República no es una instancia más. No existe la tercera instancia. ¿Tampoco saben eso los legisladores que se niegan a votar la ley de ficha limpia?
Este año se volverá a insistir con otro proyecto de ley en la materia, con correcciones respecto del anterior. En los hechos, se anticipó el gobernador neuquino, Rolando Figueroa, quien impulsó a dos legisladoras a presentar una iniciativa que resulta más completa e interesante que la que no llegó a sancionarse, porque no solo recoge la positiva experiencia provincial donde ya funciona una ley de ficha limpia, sino porque no se limita a los delitos de corrupción. Extiende las limitaciones a quienes cometieron delitos dolosos comunes y federales como el narcotráfico; también la evasión tributaria y otros hechos graves, siempre con condena confirmada en segunda instancia. Incluso, incorpora inhabilitaciones temporales para quienes se les haya dictado prisión preventiva, mantengan deudas fiscales impagas o hayan sido removidos por juicio político.
La verdadera discusión que hay que dar no es solo jurídica. Es también, y muy especialmente, política y ética. No se trata de si la ficha limpia es posible, sino de si hay voluntad de asumir el costo de terminar con privilegios inaceptables. Cada dilación, cada excusa técnica, cada operación cruzada confirma que el problema no es la redacción de la ley, sino la resistencia de quienes saben que una norma así les cerraría las puertas del poder, a los fueros y a otros beneficios y exacciones que persiguen denodadamente y disfrutan sin pudor.
Lamentablemente, sabemos que cuando vuelva a tratarse volverá también la obediencia debida, comenzando por los fanáticos K de Catamarca, que año tras año se llenan los bolsillos con plata del Estado.
