El debate sobre la dolarización regresó al centro de la agenda económica argentina, impulsado también por el paquete de asistencia financiera confirmado por el Tesoro de Estados Unidos. La discusión reúne opiniones de economistas y equipos técnicos sobre la posibilidad real de adoptar el dólar y los posibles efectos de eliminar la base monetaria en pesos.
Fernando Baer, economista de Quantum Finanzas, presentó distintos supuestos para calcular el tipo de cambio de cobertura, es decir, el valor al que se podría convertir toda la base monetaria usando las reservas disponibles. Según su primera hipótesis, considerando USD 42.330 millones de reservas brutas frente a una base monetaria de $40.356.005 millones, el tipo de cambio alcanzaría $953 por dólar. Al descontar encajes bancarios por USD 12.700 millones, las reservas líquidas disponibles caen a USD 29.630 millones, elevando el tipo de cambio de cobertura a $1.362 por dólar.
Entre quienes promueven la dolarización, Alfredo Romano, presidente de Romano Group, sostuvo que “Argentina no sabe flotar” y propuso un tipo de cambio oficial de $2.000. Según su evaluación, la inflación en dólares podría ubicarse en torno al 5 % anual, siempre que se cuente con el respaldo de ingresos por Vaca Muerta, reformas impositivas y laborales, y nuevas líneas de crédito privado. Romano también destacó que la medida constituiría un escudo ante eventuales gobiernos que busquen revertir el régimen.
En contraste, economistas críticos como Emiliano Libman, de Fundar y Cedes, advirtieron sobre los desafíos financieros y legales. Para dolarizar a $2.000, se necesitarían casi USD 100.000 millones en reservas netas, mientras que el stock actual alcanza solo USD 5.500 millones. Con USD 30.000 millones apenas se cubriría la base monetaria, lo que refleja una fuerte limitación si se busca respaldar toda la moneda local. Libman subrayó los riesgos de implementar un régimen apresurado, la exposición a shocks externos y la falta de sincronía entre los ciclos económicos argentino y estadounidense.
La consultora 1816 añadió que, además del respaldo financiero —estimado entre USD 40.000 y 50.000 millones—, sería necesaria una legitimidad institucional, mediante consulta popular no vinculante, debido al escepticismo parlamentario ante un posible decreto presidencial.
Por su parte, Fundación Mediterránea, a través de Gustavo Reyes y Maximiliano Gutiérrez, señaló que la dolarización implica perder el señoreaje, imposibilita actuar como prestamista de última instancia y limita ajustes ante shocks negativos, con potenciales efectos sobre el empleo, la actividad y los déficits fiscales. La reciente baja de la inflación redujo la atracción de beneficios inmediatos, aunque los costos estructurales se mantienen.
Vladimir Werning, vicepresidente del Banco Central, calificó la implementación como “muy compleja” y recordó que, al inicio de la gestión actual, el entonces ministro Luis Caputo debió intervenir para persuadir al presidente Javier Milei de no eliminar el peso.
