La crisis de Vicentin sumó este sábado un capítulo determinante: la compañía anunció el cierre de sus dos plantas industriales, ubicadas en Ricardone y Avellaneda, y el cese total de sus operaciones. La decisión fue tomada ante la imposibilidad de pagar sueldos, la falta de contratos de fazón activos y el nulo avance en la renegociación con inversores estratégicos.
“Nos vemos obligados a ordenar el cierre seguro de todas las plantas en operación”, expresó la empresa en un comunicado oficial. El texto justificó la medida como una forma de proteger los activos de la firma, en un contexto financiero asfixiante, sin ingresos y con la nómina de marzo todavía impaga.
La situación afecta directamente a más de mil empleados y a unos tres mil trabajadores indirectos de la cadena productiva. El sindicato aceitero ya declaró el estado de alerta y advirtió que podría lanzar medidas de fuerza si no se abonan los salarios adeudados.
En paralelo, crece la presión sobre la Justicia santafesina, que no homologó el acuerdo concursal alcanzado con más del 70% de los acreedores. Vicentin espera que esta parálisis total fuerce una definición que permita reactivar la actividad, pero el intento de reabrir el diálogo con ACA y Bunge-Viterra fracasó esta semana, cuando los convocados ni siquiera se presentaron a la audiencia.
La empresa también acumula deudas millonarias con proveedores clave. Solo con la Cooperativa de Servicios Públicos de Avellaneda mantiene un pasivo superior a los $400 millones, lo que podría derivar en el corte del suministro eléctrico.
El frente judicial, además, se endureció. La semana pasada, la Justicia de Rosario dictó prisión preventiva para cuatro exdirectivos: Omar Scarel, Alberto Macua, Roberto Gazze y Daniel Buyatti, acusados de asociación ilícita, estafa y administración fraudulenta por más de 600 millones de dólares. Según la fiscalía, formaban parte de una estructura delictiva sistemática que incluía falsificación de balances y desvío de fondos, incluso después de la apertura del concurso de acreedores.
El caso Vicentin se convirtió en un símbolo de la crisis estructural del sector agroexportador argentino. La caída de una firma que supo controlar el 10% de la capacidad de molienda nacional pone en jaque no solo miles de empleos, sino la estabilidad de una industria clave para la economía del país.