El Sindicato del Personal de Vialidad Nacional del Distrito 11 (Catamarca) presentó una acción de amparo, a través del abogado Diego Quinteros Martínez, contra el Gobierno Nacional para frenar cualquier intento de disolver, reorganizar o fusionar la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), en el marco de las facultades delegadas por la Ley 27.742. La acción judicial, acompañada por una medida cautelar de no innovar, plantea la inconstitucionalidad de cualquier decreto que busque afectar al organismo vial y exige su inmediata suspensión.
La iniciativa surge tras la filtración de un decreto en preparación por parte del Ejecutivo que, según publicó el diario La Nación, tendría como fin fusionar Vialidad Nacional con la Agencia Nacional de Seguridad Vial y Corredores Viales S.A., eliminando más de 1500 cargos jerárquicos y afectando a más de 5300 trabajadores.
En el escrito presentado ante la Justicia, el sindicato sostiene que la DNV se encuentra excluida del ámbito de aplicación de la Ley Bases, por tratarse de un ente autárquico comprendido en el inciso c) del artículo 8 de la Ley 24.156. Por tanto, cualquier intento de intervención o disolución carecería de habilitación legal y violaría principios constitucionales como la división de poderes, la legalidad administrativa y la estabilidad en el empleo público.
“La Dirección Nacional de Vialidad no puede ser disuelta por decreto sin una ley formal del Congreso. Se trata de un organismo técnico esencial para la infraestructura federal del país”, afirmó Juan José Verón Rivera, secretario general del gremio en Catamarca. En ese sentido, el sindicato argumenta que el intento de reestructuración encubre un proceso de vaciamiento institucional similar al experimentado durante los años 90.
El pedido de amparo también denuncia el freno a las paritarias, la paralización de obras públicas, la falta de respuestas a pedidos legislativos sobre el estado del organismo y los despidos encubiertos a través de jubilaciones forzadas. Todo ello, según la presentación, se enmarca en una política regresiva que viola derechos laborales colectivos e individuales, protegidos por la Constitución y tratados internacionales.
La acción fue promovida a días del vencimiento del plazo de un año que el Congreso otorgó al Poder Ejecutivo para ejercer las facultades delegadas, previsto para el 8 de julio próximo. Desde el gremio señalan que la urgencia radica en la inminencia de la firma del decreto de disolución.