El régimen de Venezuela excarceló este miércoles a Marino Antonio Mendoza Fuentes, ciudadano venezolano y empleado de la Embajada de Argentina en Caracas, luego de permanecer 13 meses detenido en El Helicoide, el principal centro de detención del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), denunciado como centro de torturas por organizaciones de derechos humanos.
Mendoza, quien se desempeñaba como chofer oficial de la sede diplomática argentina, fue arrestado el 12 de diciembre de 2024 en su vivienda en el barrio La Pastora, en Caracas, sin que se presentaran pruebas públicas que justificaran su detención. Durante su cautiverio, enfrentó cargos graves, entre ellos terrorismo, que allegados y defensores consideraron infundados y parte de una detención “arbitraria e injustificada”.
La noticia de su liberación fue confirmada por la activista opositora Elisa Trotta a través de la red social X, quien señaló que Mendoza “fue secuestrado en diciembre de 2024 y permaneció 13 meses en cautiverio” y destacó que la excarcelación representa un alivio para su entorno. Trotta agregó que “seguimos exigiendo la liberación de todos los presos políticos en Venezuela”.
El caso de Mendoza se suma a las tensiones diplomáticas entre Argentina y Venezuela. La embajada argentina en Caracas había sido cerrada en agosto de 2024 después de que el gobierno venezolano intimara a los diplomáticos argentinos y de otros seis países a abandonar el país, en un fuerte choque por la postura de Buenos Aires respecto a los comicios presidenciales de julio de ese año.
La liberación del trabajador se produce en un contexto en el que siguen pendientes otros casos de detenciones de ciudadanos vinculados con la Argentina, como el del gendarme argentino Nahuel Gallo, que continúa detenido en otro centro carcelario venezolano.
Organizaciones de derechos humanos y familiares han reclamado transparencia sobre las condiciones de detención y la situación legal de las personas liberadas, incluyendo la publicación de listas oficiales con detalles sobre las excarcelaciones, condiciones de salud, causas penales y procesos judiciales, así como el cumplimiento de las obligaciones constitucionales y del derecho internacional por parte de las autoridades venezolanas.
La excarcelación de Mendoza marca un punto significativo en medio de las tensiones diplomáticas y los reclamos de derechos humanos en Venezuela, aunque permanece la preocupación por quienes aún continúan detenidos en el país.
