La Ley de Brandolini señala que “la cantidad de energía que se necesita para refutar (o corregir) una estupidez, es de magnitud superior a la que se necesita para producir esa misma estupidez”. Lo que el principio formulado por el programador italiano, de nombre Alberto, señala es que instalar una información falsa y sembrar discordia e intrigas es mucho más fácil que refutarlas y restituir la armonía y la confianza.
El también conocido como “principio de la asimetría de la estupidez” calza como guante para analizar el estéril y dañino culebrón que se disparó con la acusación de la diputada de JXC Juana Fernández, que señaló al Gobierno provincial de ocultar información sobre la circulación de la cepa Delta de coronavirus en Catamarca. Una denuncia mediática que inició un cruce entre funcionarios, legisladores y dirigentes que fue creciendo como una bola de nieve.
Desde la posición neutral, pero crítica y preocupada, del ciudadano cuesta discernir quien dice la verdad y quien siembra información falsa como cizaña. Pero más cuesta digerir que en el ámbito político institucional haya actores que se apelen a la desinformación/ ocultamiento con tanta irresponsabilidad e impunidad. Porque, a priori, cuando colisionan dos versiones totalmente opuestas de un mismo hecho, por inducción se llega a la conclusión de que alguien miente. O no dice la verdad.
La fuerte denuncia de la legisladora, en la que acusó al Ministerio de Salud de la Provincia por no informar la supuesta detección de contagiados con las variantes Delta y MU de coronavirus generó la reacción del Gobierno y sus representantes en el fuero legislativo. Cruces en los medios, encendidos debates en las cámaras parlamentarias y hasta una denuncia penal contra la diputada, acusada de “infundir temor en la sociedad”.
Fernández asegura haber accedido a la información a través de fuentes oficiales y confiables, sus pares oficialistas le exigieron pruebas y el Ministerio de Salud le pide que, como “acto de buena fe” renuncie a sus fueros y se presente en la justicia para probar su denuncia. Un despilfarro de recursos de todo tipo puestos al servicio de probar quien dice la verdad y quién miente.
Tal cual lo enuncia el “principio de asimetría de la estupidez”, cuesta infinitamente más energía refutar información falsa que producirla. Esto, indistintamente de que sea el Gobierno o la legisladora quien hable con la verdad o falte a ella. El enredo está producido, y despejar la intriga demandará un abrumador esfuerzo.
En el medio, sumido en ese manto de dudas, sospechas e incertidumbre, la sociedad. Que mira el ping pong de denuncias y contradenuncias. Preguntándose si la versión de Fernández es verídica y los catamarqueños son victimas de desinformación por parte de su Gobierno. Y, mas preocupante aun, si están en riesgo por la circulación de una variante de coronavirus mucho más virulenta. O si todo es parte de una estrategia electoral inescrupulosa para atacar al Gobierno y a la ministra Palladino, también candidata del oficialismo.
En una sociedad propensa a creer las teorías de la conspiración, cansada de la pandemia y sus consecuencias y desconfiada de sus gobernantes, la información de esta naturaleza se arraiga y extiende con una velocidad pasmosa. Y detrás de toda esa enredadera, la verdad subyace, fuera del alcance de la mayoría. Y, probablemente, siga siendo así. Despejar la información falsa y refutarla cuesta muchísimo.