La Justicia está hundida y enterrada debajo de toneladas de descrédito y desconfianza. Globalmente como institución e individualmente a los actores que la gestionan, la sociedad le atribuye un rosario de epítetos descalificativos, que describen ese descreimiento. Los hechos de inseguridad, homicidios, femicidios, abusos que demoran en ser castigados (o nunca lo son) suman diariamente motivos de indignación y bronca. Combo explosivo que se completa con una ciudadanía atravesada por una crispación violenta e intolerante, que la predisponen a la sobrerreacción. Como cuando se combina combustible y comburente, una pequeña chispa da por resultante la exteriorización explosiva de ese disconformismo. Expresado en manifestaciones sociales que van desde las protestas públicas hasta la barbarie de los linchamientos.
La crisis de confianza y el descreimiento de la sociedad en la Justicia está construida sobre un abultado historial de desamparo a los demandantes de su protección. Por ineficiencia, ineptitud, falta de empatía, tendencia clasista o corrupción, el aparato judicial dejó desprotegidos y volvió a vulnerar a cientos de ciudadanos que acudieron a su arbitrio esperando la restitución de sus derechos o el resarcimiento de conductas lesivas.
Circunscripto en una crisis generalizada de confianza en las instituciones y enmarcado en el amplio contexto nacional, la Justicia de Catamarca no deja de dar motivos a la sociedad para que este divorcio y descreimiento se profundice. Un muy rápido repaso de causas resonantes que se encuentran en trámite y hechos vigentes ilustran la raíz de ese hartazgo de la sociedad con la justicia, que se combina peligrosamente con la cada vez más reinante intolerancia irracional.
Un ejemplo que ilustra este descreimiento social en la justicia es la “Causa Aybar”. El intendente de Puerta de Corral quemado, Enrique Aybar, fue denunciado por un hecho de abuso sexual contra una menor, ocurrió el 24 de abril de 2013. Siete años después, luego de un lentísimo proceso judicial lleno de trabas, reveses, avances y retrocesos, el intendente fue condenado el 14 de agosto de 2020 a 6 años de prisión. Pero aún sigue libre, porque la justicia dispuso que la condena se cumpla cuando la sentencia quede firme. Mientras se resuelven las apelaciones y diligenciaciones judiciales, Aybar no solamente continúa en libertad, sino que continúa ejerciendo la función de intendente.
Un recorrido similar (tortuoso y lento) tuvo la “Causa Pachado”. El cura Moises Pachado fue denunciado a finales de 2018 por una joven, quien lo acusó de haber abusado de ella cuando tenía 9 años. Los hechos denunciados ocurrieron en el año 1997 en Hualfin, cuando Pachado era el cura de la parroquia de aquella localidad belicha. El proceso judicial, lleno de maniobras dilatorias, aún no logra arribar a la instancia de juicio. La Cámara de Apelaciones debía resolver este martes un pedido de prescripción de la defensa del cura. Pero la audiencia se postergó para el mes de noviembre. Pachado, imputado y procesado, continúa desempeñando sus funciones sacerdotales.
La causa por el “homicidio del docente Calderón” es una muestra de las falencias técnicas del sistema judicial, que terminan entorpeciendo todo el proceso. El docente Luis Héctor Calderón fue asesinado el 17 de enero de 2019 en su casa de Belén. Por el homicidio fueron detenidos Gabriel Carrizo y su novia menor de edad. En la instrucción se recolectó un importante y sólido cuerpo probatorio contra los acusados. Pero cuando ya se había pedido la elevación a juicio, la Cámara de Apelaciones hizo lugar a un pedido de la defensa del imputado y declaró la nulidad de las actuaciones en la causa por errores procesales del fiscal de instrucción. Todo el expediente regresó a la fiscalía de origen para que se elabore nuevamente desde cero.
Las indignantes demoras en la investigación penal preparatoria del brutal femicidio de Brenda Micaela Gordillo, son otro claro ejemplo de una justicia lenta y carente de empatía, que provoca indignación. La jovencita fue brutalmente asesinada el 1 de marzo de este año, víctima de un homicidio atroz, por el que Naim Vera está detenido. A pesar del rápido avance inicial de la investigación (en parte por la abrumadora prueba contra el femicida confeso) la causa quedó trabada por la falta de un análisis de ADN que confirme legalmente que los restos recuperados efectivamente son de la joven. Insólito y perturbador, a 8 meses del crimen, los restos de Brenda Micaela continúan legalmente como NN y su familia ni siquiera tiene su partida de defunción. Porque la justicia no logró tramitar una pericia sencilla y de rutina.
La permeabilidad a los intereses y presiones de los que tiene algún poder de presión es otra de las características urticantes que le granjea a la justicia el descrédito ante la sociedad. Como lo deja en evidencia la causa de Elian Kotler. El joven atropelló y mató a Pablo Camañao la madrugada del 3 de marzo de 2013. Iba borracho y a más de 100 kilómetros por hora. Logró dilatar el juicio por unos cinco años, hasta el 14 de mayo de 2018, cuando fue condenado a 4 años de prisión por “homicidio culposo agravado por la conducción imprudente” y “lesiones culposas”. Llegar al juicio y conseguir una condena de cumplimiento efectiva les costó a la familia del joven muerto un larguísimo proceso judicial en el que lucharon contra el poder económico de la familia del acusado, que puso todos sus recursos para evitarle la cárcel. Sin embargo, lejos de significar esa condena una concreción de la justicia, desde ese momento la familia debió empezar otra lucha para lograr que Kotler cumpla su condena. Amparado en una justicia complaciente muy sensibilizada con sus “padecimientos”, Elian Kotler ya consiguió el beneficio de la prisión domiciliaria, luego de permanecer durante varios meses “internado” en una habitación VIP de una clínica por dolencias poco relevantes. Muy probablemente, cuando cumpla su condena, la mayor parte del tiempo lo habrá pasado fuera del penal. Un amargo proceso judicial que les mostró a la familia de Camaño que hay una “justicia” a la que solo se accede con recursos e influencias.
Qué decir de la justicia corrupta que vulnera derechos y garantías de víctimas y victimarios por igual, traficando y vendiendo sus resoluciones. A finales de junio, los camaristas Juan Pablo Morales y Raúl Da Prá, jueces de la Cámara de Apelaciones Penal y de Exhorto, fueron denunciados por el cobro de coimas para beneficiar en sus fallos a presos. La denuncia fue consecuencia de la viralización de un video en el que se los registró acordando la entrega de una suma de dinero a cambio de conceder un beneficio carcelario. Casi dos meses después, ambos jueces renunciaron, dimisión aceptada por el Ejecutivo. Así evitaron el jury. La causa penal en su contra, continúa abierta pero sin avances.
Eternas dilaciones, falencias procesales, estructuras colapsadas y anquilosadas, falta de perspectiva de género, procesos que benefician a los que tiene más recursos, con magistrados permeables a las presiones e influencias, sino directamente corruptos. Son muchísimos los factores que alejan y dificultan el acceso de la sociedad a una verdadera justicia. Y la empujan a una incredulidad absoluta en ella.
Violaciones, abusos, homicidios, homicidios, inseguridad. El dolor, la bronca y la indignación que sientes las víctimas y su entorno ante estos hechos invaden como ebullición. Y la desprotección que les transmite esta justicia (que recurrentemente se muestra inepta o corruptible) agrega impotencia a la conmoción de ser víctima de la vulneración de un derecho. El combo explosivo (como el combustible y el comburente) se completa con la violencia e intolerancia que atraviesa a la sociedad, y que se activa con estímulos cada vez más leves y con cada vez más ira.Los linchamientos y los episodios brutales de la pesimamente llamada “justicia por mano propia” son emergentes de ese complejo escenario.
En la mayoría de los casos, ese hartazgo y frustración se manifiesta en movilizaciones o protestas. Como las marchas que reclaman insistentemente justicia por las víctimas del cura Pachado y el intendente Aybar. O las movilizaciones que reclaman el juicio y condena para Naim Vera. Pero en otros, cada vez más frecuentes, se transforman en episodios de barbarie irracional, como los ocurridos en las últimas semanas en Tucumán y Mendoza.
No es este análisis ni por cerca una justificación de los excesos en los reclamos. Mucho menos una validación del horror de la violencia colectiva como resolución de las falencias de la justicia. Pero sí pretende ser una advertencia sobre el peligro de tener una justicia desacreditada e inepta, en una sociedad golpeada por los hechos violentos y la inseguridad, y cada vez más propensa a las reacciones irracionales. Un combo explosivo. Una bomba de tiempo.