El Ministerio de Capital Humano, dirigido por Sandra Pettovello, confirmó que apelará la medida cautelar dictada por el juez Martín Cormick, quien suspendió la aplicación de los artículos de la Resolución 84/2024 que permitían la baja de beneficiarios de los programas “Volver al Trabajo” y “Acompañamiento Social” por cortar calles o participar en actos de violencia. Desde el Gobierno criticaron la decisión judicial y aseguraron que “favorece los piquetes y los disturbios”.
El fallo responde a un amparo colectivo presentado por la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), liderada por Alejandro Gramajo, dirigente del Movimiento Evita. La organización cuestionó los criterios de exclusión del nuevo esquema de asistencia social, que reemplazó el programa Potenciar Trabajo en febrero de 2024.
El magistrado argumentó que las disposiciones del Gobierno podrían afectar el derecho de defensa de los beneficiarios y causar daños irreparables en su situación económica. Además, cuestionó la exclusión por viajes al exterior y el uso de tarjetas de crédito, señalando que estas restricciones carecen de criterios claros y podrían fomentar la economía informal.
Desde el Ministerio de Capital Humano rechazaron los fundamentos del juez y aseguraron que la resolución no atenta contra el derecho a ser oído, ya que los beneficiarios pueden apelar la baja de sus planes. Además, defendieron la decisión de condicionar la asistencia social al respeto de la ley y criticaron el rol de las organizaciones sociales en la intermediación de los planes, denunciando prácticas extorsivas que obligaban a beneficiarios a participar en protestas bajo amenaza de perder la ayuda estatal.
El Gobierno mantiene firme su postura de que los planes sociales deben ser otorgados sin intermediarios y con condiciones claras. Por ello, en los próximos días presentará una apelación para que la resolución 84/2024 se aplique en su totalidad y los beneficiarios que incumplan las normas sean dados de baja de los programas de asistencia.