El ex ministro de Planificación Federal comenzará a cumplir la pena de cuatro años de prisión por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. La Corte Suprema dejó firme la sentencia.
Tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia de dejar firme la condena en su contra, Julio De Vido fue trasladado este jueves desde los tribunales de Comodoro Py al penal de Ezeiza. El ex ministro de Planificación Federal cumplirá la pena de cuatro años de prisión impuesta por el Tribunal Oral Federal N° 4 (TOF 4) por su responsabilidad en la administración irregular de fondos vinculados a la Tragedia de Once.
El ex funcionario se presentó pasadas las 8.15 en los tribunales de Retiro, luego de que los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaran por “inadmisibles” los recursos presentados tanto por el Ministerio Público Fiscal como por la defensa. La resolución, dictada bajo el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial, dejó firme la condena y la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.
La sentencia se originó en 2018, cuando el TOF 4 lo consideró partícipe necesario del delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado. Según el fallo, De Vido no cumplió con su deber de controlar el uso de los fondos públicos asignados a la concesionaria Trenes de Buenos Aires (TBA).
El tribunal determinó que, pese a los informes que advertían sobre el deterioro del servicio ferroviario de la línea Sarmiento, el Ministerio de Planificación no supervisó adecuadamente el destino de los recursos destinados a mejorar la infraestructura. Aunque fue absuelto del delito de estrago culposo —relacionado con las muertes y lesiones del accidente ocurrido en 2012—, el tribunal lo responsabilizó por el manejo irregular del dinero público.
La Cámara Federal de Casación Penal confirmó la sentencia, pero la defensa acudió a la Corte Suprema. En 2024, el máximo tribunal ratificó la culpabilidad del ex ministro por defraudación, aunque ordenó revisar el monto de la pena, que finalmente se fijó en cuatro años de prisión. Con el último rechazo a los planteos de las partes, la Corte cerró definitivamente el expediente y desestimó el pedido de prescripción de la causa.
