La fallida vigilia oficial del 9 de julio en Tucumán, que iba a reunir al presidente Javier Milei con un puñado de gobernadores en la Casa Histórica, dejó en suspenso una instancia clave de diálogo político en medio de los crecientes reclamos provinciales por los fondos nacionales. El Gobierno, que argumentó condiciones climáticas adversas para cancelar el viaje presidencial y el operativo de seguridad, ya trabaja en una nueva convocatoria para avanzar con las negociaciones.
El encuentro frustrado iba a reunir al mandatario con su par tucumano, Osvaldo Jaldo, y con los gobernadores Hugo Passalacqua (Misiones), Gustavo Sáenz (Salta) y Raúl Jalil (Catamarca), entre otros dirigentes del interior. Aunque el evento tenía un perfil institucional, en la Casa Rosada admiten que se trataba de un paso previo para recomponer puentes tras meses de tensión por el reparto de fondos y las restricciones fiscales.
En este marco, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ya tiene previsto convocar a una reunión posterior al 9 de julio, esta vez con una agenda más concreta y amplia. En Balcarce 50 aseguran que el diálogo está “abierto”, pero varias provincias dudan de que la convocatoria llegue a concretarse.
Entre los puntos centrales que se discutirán figura la propuesta de automatizar la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y de rediseñar el destino del impuesto a los combustibles líquidos. Según un informe elaborado por las provincias, esos cambios implicarían un costo fiscal equivalente al 0,11% del PBI, sin afectar el superávit del Gobierno, que se mantiene en torno al 1,60%.
El documento técnico sostiene que los ATN “pertenecen a las provincias” y que, pese a estar pensados para cubrir desequilibrios financieros en situaciones de emergencia, han sido subejecutados sistemáticamente. Además, señala que los fondos provenientes del impuesto a los combustibles hoy alimentan fideicomisos cuestionados incluso por el oficialismo, por lo que su modificación no contradice el espíritu de la Ley Bases.
Desde el entorno de los gobernadores advierten que estos recursos permitirían dar alivio fiscal a las provincias sin alterar la hoja de ruta económica nacional, pero en la Casa Rosada reconocen que toda negociación podría quedar supeditada al tratamiento de la ley en el Senado, donde el oficialismo tiene menos margen.
La estrategia, explican, sería esperar ese debate antes de avanzar en llamados personalizados a mandatarios clave, con miras a garantizar una mayoría que permita aprobar la iniciativa y cerrar el frente fiscal con las provincias.