La denominada “querella de mujeres” de familiares de la tripulación del ARA San Juan solicitará la detención del ex presidente Mauricio Macri por no presentarse a declarar ante la Justicia federal, acusado de liderar las supuestas maniobras de espionaje ilegal durante su gobierno.
El pedido de detención lo presentó la abogada Valeria Carreras. “Hice la presentación esta madrugada y el juez (Martin Bava) tomará vista cuando empiece el horario de tribunales”, precisó la abogada.
El juez federal de Dolores Martin Bava citó para este miércoles a declaración indagatoria a Macri en la causa que se le sigue por supuesto espionaje ilegal a los familiares de tripulantes del submarino ARA San Juan, pero el expresidente no se presentará y, en cambio, presentará un escrito con el cual recusará al magistrado, cuestionará la investigación y, además, pedirá una nueva postergación.
“Los fundamentos tienen que ver con todos los incumplimientos y el perfil reticente que tuvo el expresidente todo este tiempo”, explicó la abogada esta mañana en sus declaraciones y agregó: “Está jugando a las escondidas”.
“Realizamos una presentación espontánea a fin de poner blanco sobre negro. Estamos frente a un ciudadano con privilegios que no cumplió su deber de presentarse ante el juez”, agregó la abogada.
Horas antes de la declaración, Macri avisó por las redes sociales que no asistiría. “No me presentaré mañana hasta que los planteos que hará mi abogado sean resueltos para garantizarme el debido proceso y la defensa en juicio”, afirmó el exmandatario en el último de una seguidilla de mensajes que publicó ayer en su cuenta personal en la red social Twitter.
“Quiero ser claro: no tengo nada que ver con esta causa. Jamás espié ni pedí que se espiara a las familias vinculadas con la tragedia del ARA San Juan”, aseguró el expresidente en su hilo de mensajes, en los cuales criticó al juez Bava, quien lo citó a indagatoria.
Macri está imputado por haber “ordenado y posibilitado la realización sistemática de tareas de inteligencia expresamente prohibidas por la ley 25.520 y sus modificatorias”, entre diciembre de 2017 y fines de 2018, en contra de los familiares de los tripulantes del hundido submarino Ara San Juan, según el magistrado.
Las tareas supuestamente habilitadas por el expresidente habrían consistido en “la obtención de información, producción de inteligencia y almacenamiento de datos sobre personas, por su opinión política o su pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias y de Derechos Humanos”.
“Entre esas tareas de espionaje prohibidas por ley, se le imputa haber ordenado y posibilitado la realización de numerosas de ellas con el propósito de obtener datos personales e información de los familiares y allegados de los tripulantes del submarino ARA San Juan”, según detalló el juez Bava en la resolución que emitió el 1 de octubre.
