El juego de los números y las mayorías en el ámbito parlamentario puede convertir a las cámaras legislativas en una escribanía del Ejecutivo. La teoría de la división de poderes y el principio republicando de limitación entre ellos, indica que los diputados y senadores deberían legislar con independencia y criterio propio. Pero cuando un Gobierno consigue reunir la mitad más uno automática, la tentación de usar al Legislativo como un notariado es frecuente.
Aún así, generalmente se guardan las apariencias y los cuerpos deliberativos hacen al menos la pantomima del debate, aunque luego el resultado de la votación esté cantado.Sin embargo, la costumbre de que el paso por la Legislatura de los proyectos enviados por el Ejecutivo sea un trámite, a veces hace meter la pata. Y se dan por aprobadas iniciativas que ni siquiera ingresaron al ámbito parlamentario.
Es lo que sucedió con la designación de la abogada Fernanda Rosales como ministra de la Corte de Justicia. Cuando aún ni siquiera se envió el pliego al Senado para que se dé el acuerdo a su nombramiento, el Gobierno ya anunció que “asumirá en los próximos días como nueva integrante de la Corte Justicia de Catamarca”. Sin disimulo.
El furcio, producto de ese control total de ambas cámaras, se produjo en la comunicación de la toma de juramento al “nuevo Asesor General de Gobierno”. En el acto, que se concretó este lunes en la sede de Casa de Gobierno, se puso en funciones a Fernando Ávila, quien reemplazará a Fernanda Rosales, hasta hoy titular de la oficina de consejería jurídica.
En ese marco, y a título explicativo del motivo del alejamiento de Rosales y la consiguiente designación de Ávila, escueta y explícitamente el Gobierno comunicó que “que la ex asesora Fernanda Rosales asumirá en los próximos días como nueva integrante de la Corte Justicia de Catamarca”.
Solo falta que se envíe el pliego, que la Corte de Justicia y el Colegio de Abogados den el visto bueno sobre el cumplimiento de los requisitos, que la Comisión de Asuntos Constitucionales estudien la documentación, responda las impugnaciones si las hubiera, emita despacho sugiriendo su aprobación y la Cámara de Senadores finalmente los apruebe. Nada demasiado importante. Como quien dice, un trámite.
Las designaciones de Fabiana Gómez y Hernán Martel como ministro de la Corte de Justicia recorrieron ese mismo camino de diligencia express el año pasado, cuando el Ejecutivo decidió ampliar el máximo tribunal, llevándolo de cinco a siete miembros. Poco peso tuvieron las impugnaciones presentadas contra los candidatos, ni que estuvieran flojitos de papeles con algunos de los requisitos exigidos para el cargo.
Análisis, interpretaciones jurídicas y dictámenes; todo se acomodó para que cierre. Y con la fuerza de los votos del oficialismo, se aprobaron los pliegos, a pedir del Ejecutivo. Pero, al menos, se cuidaron “las apariencias” y se cumplió con el proceso, aunque sea casi protocolar, antes de anunciar que asumirán en la Corte.
Esta vez, parece que les ganó la ansiedad o les traicionó la descarada certeza de que en el Poder Legislativo se hace lo que ordena el Ejecutivo. Como sea, no terminaba de asumir su reemplazante, que el Gobierno ya anunciaba la inminente asunción de Rosales en la Corte. De que va a jurar como ministra del alto tribunal, nadie lo duda. Pero no vendría mal que al menos disimulen y esperen la aprobación del pliego para anunciar su designación. Que la Legislatura será una escribanía y el Ejecutivo quien dispone, pero hay que guardar las apariencias.