“Se pegaron un tiro en el pie, esto fue lo peor que pudieron haber hecho. La gente está cansada y los tipos siguen haciendo paros, se están cavando su propia tumba”, comentó un funcionario cercano al presidente Javier Milei el jueves pasado, en relación con la retención de tareas llevada adelante por los trabajadores de Intercargo, que por segundo día consecutivo afectó operaciones en diversos aeropuertos del país.
Con las demoras y cancelaciones que afectaron a miles de pasajeros la semana pasada, en el Gobierno comenzó a fortalecerse la idea de que, si no se logra avanzar con la privatización, se proceda al cierre de Aerolíneas Argentinas.
Ese mismo jueves, como una de las primeras medidas, el vocero presidencial Manuel Adorni, junto con los ministros de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, de Seguridad, Patricia Bullrich, y el secretario de Transporte, Franco Mogetta, anunciaron la liberación del servicio de rampas en terminales aéreas.
Hasta ahora, en aeropuertos como Aeroparque y Ezeiza, este trabajo estaba bajo la gestión exclusiva de la estatal Intercargo. No obstante, a partir de los sucesivos paros, las autoridades han decidido permitir la competencia de otras empresas.
Luego de la reunión de gabinete del viernes, Milei reafirmó la postura oficial: “En la Argentina se sale laburando, no parando y extorsionando. Obviamente que se termina Intercargo”.
Bullrich también informó que la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) tiene autorización para operar temporalmente el servicio de rampa en casos de emergencia, asegurando así el traslado de pasajeros ante paros.
“Esto quiere decir que ningún terrorista sindical podrá tomar de rehén nuevamente a un pasajero. Este es un paso más para sepultar el terrorismo sindical. Esto no es ni más ni menos que el fin de Intercargo tal y como lo conocíamos hasta ahora”, subrayó Adorni.
El Gobierno ha exigido a los gremios del sector presentar un plan para evitar conflictos en la compañía; de no cumplirse, el Poder Ejecutivo podría solicitar su ingreso en un Plan Preventivo de Crisis, que derivaría en un cierre definitivo.
Aunque se realizaron reuniones el viernes, se acordó una tregua hasta el lunes sin resoluciones definitivas, con la participación de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA) y la Asociación del Personal Aeronáutico (APA).
En el Congreso, un proyecto para privatizar Aerolíneas Argentinas, presentado por el diputado del PRO Hernán Lombardi, ya cuenta con dictamen, aunque sin los votos necesarios para su aprobación en el recinto.
Mientras tanto, el oficialismo concentra su atención en el Presupuesto y en impedir que prospere una reforma de la ley de Decretos de Necesidad y Urgencia, una herramienta clave para el presidente. La oposición ha convocado una sesión especial para el 12 de noviembre, a las 15:00 horas, para debatir este asunto y también para rechazar el Decreto 846/2024, que autoriza al Ejecutivo a reestructurar deuda en moneda extranjera sin las limitaciones de la Ley de Administración Financiera.
Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, está en diálogo con diferentes bloques para frenar la iniciativa, buscando que algunos legisladores voten de forma dividida y así impedir su aprobación.
En paralelo, el Gobierno sigue defendiendo el proyecto de Presupuesto para el próximo año y rechaza convocar sesiones extraordinarias o prorrogar las ordinarias para extender este u otros debates pendientes.
“No queremos que la discusión se extienda y que el texto pase de una Cámara a la otra, con miles de modificaciones. O se vota en noviembre, tal como está, o nos quedamos sin Presupuesto”, declaró una fuente cercana a las negociaciones.
En este contexto, el Poder Ejecutivo considera poco probable que la privatización de Aerolíneas Argentinas se trate en las próximas semanas, y estima que los diálogos podrían retomarse en 2025, después del receso de verano.
Algunos sectores del Gobierno reconocen que, ante la imposibilidad de avanzar con la venta en el corto plazo, se podría optar directamente por el cierre definitivo de la empresa a través del Plan Preventivo de Crisis. Por el momento, no se ha comunicado ninguna decisión oficial al partido PRO, principal aliado en el Congreso.