Senadores opositores impulsan una denuncia contra Sturzenegger por una contratación en Cancillería

Senadores del interbloque Unión por la Patria anticiparon que presentarán una denuncia judicial contra el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, luego de que se conociera la adjudicación de un contrato por parte de la Cancillería argentina a una asociación vinculada a su entorno familiar.

La iniciativa fue adelantada por la senadora Juliana Di Tullio, quien confirmó que el espacio avanzará con una presentación formal tras la difusión de documentación oficial sobre la contratación, que generó cuestionamientos políticos y pedidos de investigación por un posible conflicto de intereses.

El caso tomó estado público a partir de informes que detallan que el Ministerio de Relaciones Exteriores adjudicó un contrato por $114.044.133 —IVA incluido— destinado a la capacitación en idioma inglés del personal diplomático. El convenio contempla la formación de 132 agentes, entre trabajadores de planta y funcionarios del Instituto del Servicio Exterior de la Nación.

La contratación fue otorgada a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa, institución que tiene como directora ejecutiva a María Josefina Rouillet, esposa del ministro. Según consta en el expediente administrativo, la propuesta técnica presentada ante la Cancillería fue elaborada por la propia directiva de la entidad.

El procedimiento utilizado fue el de Adjudicación Simple por Especialidad, una modalidad prevista para casos en los que existe un proveedor considerado único o con capacidades específicas para brindar el servicio requerido. No obstante, el vínculo familiar detectado encendió alertas en organismos de control al momento de revisar las declaraciones juradas de intereses, donde se habría identificado una relación directa entre la autoridad de la entidad contratada y un miembro del gabinete nacional.

La situación abrió una nueva polémica política y derivó en cuestionamientos sobre los mecanismos de contratación dentro del Estado, mientras desde la oposición sostienen que el caso debe ser investigado para determinar si existieron incompatibilidades o irregularidades administrativas.