Este martes desde las 10 arrancó una nueva jornada de debate en comisión sobre el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en el Senado, en dos turnos, uno de 10 a 13 y otro de 15 a 18, con una decena de invitados que expondrán sobre la iniciativa.
La primera jornada del debate giró en torno de la constitucionalidad de la iniciativa sancionada por Diputados, durante un plenario en el que expertos en Derecho plantearon sus diferencias en torno a si se debe proteger o no la vida desde la concepción.
La constitucionalidad del proyecto
Mientras que Pablo Garat, profesor de derecho constitucional, consideró que esta iniciativa “tiene que pasar el test de constitucionalidad” y que “nuestro orden constitucional se apoya en el interés del niño, que aparece ausente en los debates”, Ricardo Gil Lavedra, exministro de Justicia, aseguró que “no hay ninguna regla constitucional que obligue a penalizar el aborto” y sostuvo que quienes se oponen a la práctica “personifican o humanizan al proyecto de vida”.
Por su parte, Ursula Basset, especialista en derecho de familia, afirmó que “nuestra Constitución protege la vida desde la concepción”, señaló que el Estado “debe ofrecer opciones” a la mujer gestante que no desee la maternidad, como la adopción, y consideró que este proyecto “da derecho a abortar pero no a decidir”.
En la misma línea, la licenciada María Inés Franck, abogada y miembro del Centro de Bioética, Persona y Familia, sostuvo que la “vida en el vientre materno está protegida constitucionalmente” y llamó la atención de que en el proyecto venido en revisión de Diputados hay “artículos de interpretación abierta que permiten el aborto en cualquier etapa del embarazo”.
En contraposición, Aida Kemelmajer de Carlucci, doctora en derecho de la Universidad de Mendoza, miembro de la Academia Nacional de Derecho y Ciencia de Buenos Aires y de Córdoba, señaló que en la legislación argentina “hay una norma que dice que la vida se protege desde la concepción” y “también hay otra que habla de las autonomías de las mujeres”.
Y continuó: “El Comité Internacional de los Derechos del Niño le viene diciendo a la Argentina que tiene que asegurar el acceso a servicios de aborto seguro y atención pos-aborto para niñas y adolescentes”.
En este sentido, Andrés Gil Domínguez, profesor de derecho constitucional, aseguró que “no hay ningún tipo de incompatibilidad” entre el proyecto de ley en discusión y la Convención sobre los Derechos del Niño” sino que “por el contrario, con esta iniciativa se está honrando el derecho a la vida de las niñas, niños y adolescentes”.
