Este lunes se formalizó ante la Justicia Federal la denuncia penal contra la “Compañía Águilas Negras NOA” por “la posible comisión de delitos (perseguibles de oficio) contra la seguridad pública, el orden público y el sistema democrático-constitucional”.
La denuncia fue presentada por el letrado del Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Héctor Sebastián Ibáñez, quien dijo a este medio: “Este grupo se ha presentado públicamente vistiendo uniformes militares, portando insignias militares y eso está prohibido por el Código Penal. Ninguna persona puede salir públicamente ostentando uniformes o insignias de una función pública que no ejerce”.
Luego, ejemplificó: “Imagínese si una persona sale a la calle vistiendo uniforme de Policía y portando un arma, uno no sabe si es un policía verdadero o falso y eso genera inseguridad. Lo mismo sucede en el caso militar, uno no sabe si está frente a un soldado armado legalmente por el Estado o ante un farsante“.
“Eso genera inseguridad, por eso el Código Penal lo prohíbe y establece una pena”, insistió.
Recordemos que el grupo alegó que las armas que portaban eran de utilería, sin embargo, el letrado opinó: “eso dicen ellos, no sabemos. Debe ser objeto de investigación porque para portar un arma se requiere autorización, inclusive el arma de un civil, imagínese un arma de guerra“. 
Según detalló Ibáñez, 11 fueron las personas denunciadas en la presentación que hicieron este lunes, sin embargo, son 15 a las que tienen identificadas.
“Este grupo, a su vez, lleva a cabo accionar público contra el sistema democrático constitucional porque reivindica, y sobre todo su líder, crímenes de lesa humanidad que ya fueron declarados existentes por la Justicia argentina y por los cuales ya fueron condenados judicialmente represores”, explicó.
Por ese motivo, indicó que se le pidió a la Justicia Federal que solicite con carácter urgente al Ministerio de Defensa de la Nación un informe para determinar si alguna de estas personas pertenece efectivamente a alguna de las fuerzas armadas y si el líder del grupo fue exonerado en el año 1990 del Ejército Argentino por participar del delito de sedición contra las autoridades democráticas del Estado Nacional en el último intento golpista contra la democracia denominado “Alzamiento Carapintada”.
Esta presentación realizada se acumularía a una investigación preexistente por actuaciones de oficio de la Policía Federal contra este grupo.
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