El fiscal Laureano Brizuela concedió el beneficio de prisión domiciliaria a Mónica Murúa, una de las personas imputadas en la causa que investiga el crimen de Miguel Ángel Ferreyra, conocido como “Látigo”, ocurrido en Valle Viejo. Sin embargo, esta decisión provocó un gran malestar entre la familia de la víctima, quienes realizaron este lunes una marcha en busca de justicia.
La defensa de Murúa había argumentado en su solicitud presentada en Fiscalía que la imputada padece de hipertensión, lo que le impediría cumplir con la prisión preventiva. Esto contrasta con la situación de su hijo, Jorge “Castruli” Castro, quien se encuentra en el Servicio Penitenciario de Miraflores desde la semana pasada imputado también por el crimen.
La querella, representada por el abogado Sebastián Ibáñez, adelantó que pedirá la nulidad absoluta de la decisión del fiscal y solicitará una nueva revisión médica con un médico de parte. Según Ibáñez, la omisión de notificar a la querella sobre la pericia médica realizada constituye una violación del procedimiento del Código Penal Procesal.
“Al solicitar la nulidad absoluta debido a la falta de notificación a la querella para presentar un perito médico de parte y, en consecuencia, al ser nula la resolución del fiscal basada en esa pericia, Murúa debe ser inmediatamente devuelta a su lugar de detención, y eso es lo que vamos a pedir“, enfatizó el abogado.
Ibáñez también cuestionó enérgicamente la actuación del fiscal Palacios y manifestó su intención de solicitar a la Procuración General del Ministerio Público que asigne un fiscal coadyuvante, argumentando que el fiscal “no se ha capacitado adecuadamente para la investigación de homicidios y ha incurrido en graves nulidades, similar al caso del ex ministro Rojas.”
