Victoria Villarruel firmó una resolución en enero pasado que frenó la actualización automática de las dietas de los senadores, en relación con el valor del módulo de referencia que utiliza el Congreso: la norma se venció horas atrás y la vicepresidenta -que cobra mucho menos, por ser integrante del Poder Ejecutivo- dejará la definición del tema en manos de los bloques. Bajo el nuevo escenario, 71 de los 72 integrantes del pleno de la Cámara alta pasarían a cobrar desde mayo una base de al menos $9 millones en bruto.
Hasta ayer, sólo tres senadores presentaron notas para insistir con el congelamiento: los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano -hasta fin de año-, y el cordobés Luis Juez (PRO).
Juez mantiene, desde el año pasado, una postura en línea con las críticas del Ejecutivo libertario hacia toda la Cámara alta, lo que deriva en críticas desde su propia bancada, que lo acusa de no opinar sobre el tema en las reuniones de bloque -incluso, en las de Labor Parlamentaria, donde participan todos los jefes y Villarruel- para luego hacer su propio juego. Lo cierto es que si los legisladores no se ponen de acuerdo para votar algo en el recinto y Villarruel no firma una resolución por su cuenta, las misivas en cuestión se convierten en la nada misma. En cambio, otros pocos -como la kirchnerista Anabel Fernández Sagasti– anunciaron tiempo atrás donaciones o sorteos que, a fin de cuentas, rompieron la armonía de espacios que estaban 100% de acuerdo con la suba, como el caso del Frente de Todos.