El fiscal Facundo Barros Jorrat decidió elevar a juicio la causa que involucra al actual intendente de Santa Rosa, Elpidio Guaraz, sumándole una capa adicional de problemas legales. El cargo en cuestión es el delito de fraude a la administración pública en concurso real por tres hechos, acompañado de una acusación por adulteración de instrumento público. Guaraz comparte la imputación con su exsecretario administrativo, Juan Carlos Semahan, quien falleció.
Las irregularidades señaladas tienen su origen en la primera gestión de Guaraz, donde se habrían perpetrado acciones contrarias a la legalidad. Semahan, antiguo funcionario bajo la administración del intendente precedente, Julio Maza, continuó sirviendo bajo el mandato de Guaraz, siendo ambos señalados en esta controversia.
El comienzo de esta compleja investigación se remonta al año 2010, cuando una nota emitida por el Tribunal de Cuentas alertó a las autoridades judiciales sobre las posibles irregularidades en las rendiciones de cuentas municipales. El órgano de control, responsable de supervisar la administración de los recursos financieros, ejerció su deber de notificar a la Justicia en los casos en que se atisbaran conductas susceptibles de constituir delitos. La mencionada nota fue redactada por Víctor Villarroel, vocal del Tribunal de Cuentas.
El centro de la acusación recae en la presentación de facturas falsas, empleadas para justificar la apropiación indebida de los fondos municipales. En el año 2016, el exfiscal Marcelo Sago formuló cargos contra Guaraz, acusándolo de 11 hechos ilícitos. No obstante, en esa etapa, el abogado defensor del jefe comunal, Luciano Rojas, solicitó la nulidad del proceso, provocando que la causa fuera elevada a la Cámara de Apelaciones.
El tribunal de apelaciones se pronunció al respecto y devolvió el expediente a la Unidad Fiscal de Delitos contra la Administración Pública, con el propósito de rectificar ciertas notificaciones. En el transcurso de la pesquisa, Barros Jorrat dirigió múltiples medidas de instrucción y convocó a declarar a representantes de varios establecimientos comerciales implicados, cuyos testimonios confirmaron los hechos investigados.
En fechas recientes, el fiscal concluyó la investigación y emitió la orden de elevar a juicio el caso por tres de los incidentes, dejando pendiente la indagación en torno a los restantes. El monto del fraude se estima en alrededor de $100 mil, valorado según la moneda de 2010.