La fiscal federal Cecilia Alida Indiana Garzón fue formalmente imputada en el marco de una causa en la que se investiga su actuación dentro del expediente FTU N°150/2021, vinculado a presuntas maniobras de lavado de activos que involucraban a cooperativas y a un grupo de personas allegadas al senador nacional Gerardo Montenegro. La imputación surge tras una denuncia presentada por el abogado Alfredo Aydar y deriva del pedido de declaración indagatoria formulado por el fiscal federal Pedro Eugenio Simón, titular de la Fiscalía Federal N°1 de Santiago del Estero.
Según la presentación, Garzón habría direccionado la investigación original —que partió de un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF) y de una pesquisa preliminar de la PROCELAC— hacia un grupo reducido de imputados, y posteriormente dictaminó a favor de su sobreseimiento “basándose en premisas legales y fácticas inexistentes”. Para el fiscal Simón, la funcionaria incurrió en una serie de irregularidades graves que comprometieron la correcta pesquisa del caso.
La denuncia y el origen del caso
Aydar acusó a la fiscal de incurrir en encubrimiento agravado e incumplimiento de deberes de funcionario público, alegando que actuó de manera “parcial, contraria a los intereses generales de la sociedad” y convalidó maniobras que favorecieron a Montenegro y su entorno. También sostuvo que Garzón ignoró información clave sobre supuestas operaciones sospechosas detectadas por la UIF y la PROCELAC, que incluían movimientos millonarios, transferencias al exterior, premios obtenidos en juegos de azar y un presunto incremento patrimonial sin justificación.
La causa original investigaba la posible utilización de cooperativas para recibir subsidios provinciales que luego habrían sido desviados y canalizados hacia bienes y operaciones financieras del entorno del senador.
Irregularidades señaladas por la Fiscalía
En su dictamen, Simón enumeró una extensa lista de irregularidades que, a su criterio, justificarían la imputación de Garzón. Entre ellas mencionó:
Haber limitado la investigación a un grupo reducido de personas, excluyendo a otros involucrados mencionados por la UIF y la PROCELAC.
No analizar bienes, vehículos y operaciones en el exterior atribuidos a los investigados.
Avalar una pericia contable realizada únicamente sobre documentación aportada por los imputados, sin contrastar la prueba existente en la causa.
Criticar la actuación de la UIF y la PROCELAC, calificando como irregulares medidas tomadas por ambos organismos pese a que los secretos fiscal y bancario estaban legalmente levantados para la investigación.
No esperar informes internacionales solicitados sobre operaciones en el exterior antes de dictaminar el sobreseimiento.
Restar importancia a indicios de incrementos patrimoniales no justificados, pese a superar montos relevantes para causas de lavado.
Premiar la actitud de colaboración del senador Montenegro en su indagatoria, algo considerado “insólito” por el fiscal.
Para Simón, estas acciones habrían tenido como consecuencia “perjudicar la dirección de la investigación” y orientarla hacia un resultado exculpatorio.
Calificación legal
El fiscal consideró que la conducta de Garzón se encuadra en los delitos de prevaricato y incumplimiento de los deberes de funcionario público, sin perjuicio de nuevas figuras penales que puedan surgir a medida que avance la investigación.
Pedido de indagatoria
Con base en esos argumentos, Simón solicitó al Juzgado Federal N°1 que cite a Garzón a declaración indagatoria, conforme al artículo 294 del Código Procesal Penal. La funcionaria, de 61 años, se desempeña como fiscal general ante el Tribunal Oral Federal y ha ocupado distintos cargos dentro del Ministerio Público Fiscal.
La causa continuará ahora en el juzgado a cargo, que deberá resolver sobre el llamado a indagatoria y el avance de las actuaciones.
