La reunión para definir un nuevo Salario Mínimo, Vital y Móvil terminó sin acuerdo, y con acusaciones por parte de la CGT y la CTA hacia el Gobierno al responsabilizarlo del fracaso, mientras que aseguraron que los empresarios no hicieron propuesta alguna para mejorar los ingresos de los trabajadores. La definición ahora podría ser por decreto.
Los gremios plantearon incrementar el salario mínimo en un 85% a partir de febrero, lo que lo llevaría a $288.600. La propuesta fue rechazada por los empresarios y, según la CGT, también por el Gobierno que avaló la posición de los empleadores.
Asimismo, los gremialistas expresaron que “en tiempos de altísima inflación y con aumentos intolerables e injustificables” el Gobierno “no hace más que confirmar la absoluta ajenidad (…) frente al drama social que atraviesan los argentinos”.
“Ante una actitud pocas veces vista, el secretario de Trabajo Omar Yasín, que presidió la reunión en representación del gobierno, junto con las cámaras empresariales, decidieron no realizar ningún esfuerzo para que hoy se formalice un nuevo Salario Mínimo Vital y Móvil. El gobierno acompañó la pasividad del empresariado, que no presentaron ninguna propuesta, solamente una actitud extorsiva de querer imponer que el aumento fuera a partir del mes de marzo” añadió por su parte la CTA.
Ante la propuesta de los gremios, según la CTA, Yasin “puso a votación esa propuesta a sabiendas del resultado: La mitad del plenario del consejo, (las 3 centrales sindicales) votaron a favor; mientras que la mitad del sector empresarial votó en contra. La norma establece que se tiene que obtener dos tercios del plenario para que sea favorecida y aceptada una propuesta. Por lo que el gobierno definirá por decreto”.
El Secretario General de la CTA, Hugo “Cachorro” Godoy, señaló que “toda esta parodia lo que tiende es a impedir un aumento urgente para los trabajadores y trabajadoras del salario mínimo vital y móvil, y que impacte en el conjunto de la masa salarial de los trabajadores paritarios y de los trabajadores y trabajadoras precarizadas. Es una actitud cómplice del gobierno y del sector empresarial en contra de los intereses de los trabajadores”.
“Nosotros estamos en un plan de lucha. Vamos a hacer consultas con las otras centrales sindicales para poder definir nuevas acciones. Porque es evidente que el Gobierno lo que quiere es congelar los salarios o reducirlo a la mínima expresión, sus incrementos, seguir licuando los ingresos de los sectores populares, del salario y de los programas sociales y seguir actuando por decreto. Por eso es que mantienen el DNU. Por eso es que ahora anularon el funcionamiento del Consejo del Salario en la parodia de reunión que se hizo hoy y van a decidir por decreto”, cerró Godoy.