A medida que se acercan las elecciones en Venezuela previstas para julio, el gobierno de Nicolás Maduro ha incrementado su campaña de represión contra los medios de comunicación independientes, evidenciando una preocupante violación a la libertad de prensa y expresión en el país.
Uno de los casos más recientes es el del periodista Ramón de Jesús Centeno Navas, quien se encuentra detenido y enfrenta un juicio debido a una entrevista no publicada a un diputado vinculado al narcotráfico dentro del gobierno chavista. Además, se han emitido órdenes de captura contra la periodista Sebastiana Barráez, así como los comunicadores Norbey Marín y Wender Villalobos, en el marco de la Operación Brazalete Blanco.
La situación se agrava con el cierre de numerosos programas de radio, emisoras y portales de noticias, siendo el portal FronteraViva el caso más reciente. Según el informe de la organización no gubernamental Espacio Público, en marzo de 2024 se registraron 21 casos de represión y 36 violaciones a la libertad de expresión en Venezuela.
Además, se han documentado incidentes no reportados ampliamente, como el allanamiento de la vivienda de Víctor González, representante de la emisora comunitaria Reconciliación 93.5 FM en Quíbor, estado Lara, donde funcionarios de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) y la Guardia Nacional confiscaron equipos de transmisión bajo amenazas.
El informe de Espacio Público también denuncia la participación de instituciones y funcionarios del Estado venezolano en estos actos de represión, destacando la impunidad con la que operan. Casos como el del sociólogo Edison Arciniega, acusado de “incitación al odio” por publicaciones en redes sociales, y el del creador de contenido Armando Sarmiento, detenido por “instigación al odio” tras difundir material crítico hacia el gobierno de Maduro, subrayan la gravedad de la situación para la libertad de prensa en Venezuela.
