Durante el debate en Comisión del Proyecto de Ley de Modernización Laboral, el senador Guillermo Andrada sumó cuestionamientos al planteo del Gobierno y puso el foco en las inconsistencias fiscales y técnicas de la iniciativa, en particular en la creación del Fondo de Aporte Laboral (FAL) y en la reducción de contribuciones patronales.
En su intervención, Andrada sostuvo que el Ejecutivo apela a “eufemismos” para justificar una reforma que, a su entender, simplifica de manera errónea el vínculo entre baja de impuestos y generación de empleo. Señaló que el empleo se crea a partir del crecimiento económico y advirtió que, sin crecimiento, “aunque se bajen las contribuciones a cero, el empleo puede caer porque no se generan nuevas fuentes de trabajo”.
El legislador también puso en duda la coherencia fiscal del proyecto. Recordó que el superávit financiero proyectado es ajustado —alrededor del 0,6% este año y apenas 0,02% en el Presupuesto 2026— y alertó que, pese a ese margen limitado, el Gobierno propone reducir recursos corrientes, como el impuesto a las Ganancias y distintas contribuciones que también financian al Tesoro Nacional.
Además, cuestionó medidas incluidas en el articulado que prevén la eliminación de impuestos considerados “suntuarios”, como los aplicados a aeronaves o joyas, y preguntó de qué manera esas decisiones podrían traducirse en una mayor generación de empleo.
En el plano técnico, Andrada planteó una inquietud puntual sobre el Fondo de Aporte Laboral, que se financiaría con el 3% de las contribuciones patronales (sobre un total del 16%). Señaló que el proyecto también crea un régimen de incentivo a la formación laboral, mediante el cual los empleadores pagarían solo un 2% de contribuciones durante los primeros cuatro años de contratación. En ese marco, preguntó cómo se financiará el 3% destinado al FAL en el caso de esos nuevos trabajadores.
En su respuesta, el secretario de Trabajo, Julio Cordero, afirmó que el Gobierno mantiene una definición estructural basada en la rebaja impositiva, siempre que se preserve el equilibrio fiscal. Sostuvo que la iniciativa busca reducir los “impuestos al trabajo” para fomentar el empleo formal y mejorar la productividad del sector privado.
Cordero planteó que el debate refleja dos modelos contrapuestos: uno que propone mantener o aumentar la presión tributaria y otro que apunta a reducirla gradualmente. En ese sentido, aseguró que el proyecto surge de un análisis “profundo” que permitiría incentivar el empleo sin afectar el equilibrio fiscal, al tiempo que incorpora mecanismos para resguardar los derechos de los trabajadores ante eventuales finalizaciones de contratos.
