El decreto que dispone la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) fue presentado por el Gobierno como parte de una reorganización del Estado. Sin embargo, desde Catamarca, el abogado Diego Quinteros Martínez, quien representa al Sindicato de Vialidad Nacional Distrito 11, advierte que la medida configura un retroceso institucional grave, sin sustento legal y con serias implicancias para el control de la obra pública.
“La DNV no es una dependencia más: es un organismo técnico autárquico que garantizaba profesionalismo, transparencia y control en las contrataciones”, remarcó.
Una eliminación sin respaldo legal
Según explica el abogado patrocinante, la reciente Ley N.º 27.742 (conocida como “Ley Bases”) faculta al Poder Ejecutivo a reorganizar determinados entes, pero no incluye a la DNV dentro de ese margen de acción. “El artículo 8 de la Ley 24.156 clasifica a la Dirección Nacional de Vialidad como un ente autárquico, excluido expresamente de la estructura central del Estado”, indicó Quinteros.
Por esa razón, el gremio presentó una acción de amparo colectivo ante la Justicia federal, con el objetivo de frenar lo que consideran “una medida ilegal y arbitraria”.
“Lo que el Gobierno pretende hacer por decreto requiere una ley del Congreso. La disolución de la DNV no solo deja a miles de trabajadores especializados en incertidumbre, sino que además elimina un organismo clave en la fiscalización de contratos”, subrayó.
¿Se repite la historia?
El abogado trazó además una analogía con la denominada “Causa Vialidad”, en la que la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner fue condenada en 2022 por administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
“En aquel fallo, el vaciamiento institucional y la falta de controles fueron elementos clave para concretar el desvío de fondos públicos. Hoy, paradójicamente, el mismo Estado que condenó esa lógica de concentración, la institucionaliza eliminando el principal órgano técnico de control vial”, advirtió.
Una discusión de fondo
Para Quinteros, no se trata únicamente de una demanda gremial ni de la defensa de puestos de trabajo, sino de una cuestión de modelo institucional.
“¿Queremos un Estado con organismos técnicos independientes que controlen al poder, o uno en el que todo dependa de la voluntad del gobierno de turno?”, planteó.
Y concluyó: “Este amparo no solo busca frenar un decreto. Es una defensa del equilibrio republicano, del control como herramienta de justicia y no como un obstáculo para gobernar”.
Actualmente, la acción judicial se encuentra en curso. Pero, según el abogado, lo que está en juego es mucho más que una resolución judicial: “es la memoria institucional de la obra pública y la posibilidad de un país más justo y transparente”.