El abogado Diego Quinteros Martínez, asesor legal del diputado provincial Hugo Ávila, se refirió a la reciente resolución en el caso conocido como “Absoluciones Pagas” y advirtió sobre una “crisis de institucionalidad” que —según dijo— atraviesa la provincia de Catamarca.
“Los organismos encargados de controlar y aplicar la ley parecen, en ocasiones, condicionados por voluntades políticas antes que por el mandato de la Constitución”, sostuvo el letrado, y agregó: “Cuando el poder habla, la justicia obedece o calla”.
Quinteros Martínez explicó que la denuncia presentada por el diputado Ávila ante el Jury de Enjuiciamiento contra el fiscal Costilla “no nace de una animosidad personal”, sino del cuestionamiento a “un sistema que se resiste a examinar críticamente sus propios errores, aun cuando esos errores lesionan la confianza pública y el sentido común de justicia”.
En ese sentido, criticó el dictamen del fiscal del Jury, Miguel Mauvecín, quien desestimó la denuncia. “El argumento de que el artículo 59 inciso 6° del Código Penal no estaba reglamentado al momento de los hechos desconoce lo esencial: la ley puede carecer de reglamentación, pero nunca de límites éticos ni de sentido de justicia”, afirmó.
El abogado recordó que el artículo en cuestión —que permite extinguir la acción penal por reparación integral del daño— “está destinado a delitos no violentos, de menor lesividad social”, y consideró que su aplicación en un robo doblemente agravado “abre un peligroso precedente”.
“Si la reparación económica se convierte en sustituto de la responsabilidad penal, estaremos institucionalizando lo que el ciudadano de a pie ya llama con razón ‘absoluciones pagas’”, advirtió.
Asimismo, señaló que aceptar que un delito violento pueda “repararse” con dinero implica “retroceder a una justicia feudal, donde la libertad del culpable depende de su billetera”.
Finalmente, Quinteros Martínez aseguró que la labor del diputado Ávila “es visibilizar los desvíos institucionales que afectan la credibilidad del sistema”.
“No buscamos disciplinar fiscales, sino defender la independencia real de la justicia, esa que no se arrodilla ante el poder político ni ante los intereses de ocasión”, expresó.
“El silencio ante estos hechos no es prudencia: es complicidad. La justicia no puede seguir funcionando como una coartada técnica del poder”, concluyó.
