Una investigación, encabezada por el fiscal de Instrucción N°5, Hugo Costilla, permitió detectar una red que involucraba a empleados de distintos organismos gubernamentales, miembros de la Policía y la Justicia, así como a abogados y particulares.
Durante la semana pasada, con un cumulo significativo de elementos de pruebas y por directivas del Juez de Control de Garantías N°4, Marcelo Sago, en un importante operativo se llevaron a cabo 14 allanamientos en simultaneo en viviendas de la Capital, Valle Viejo y Fray Mamerto Esquiú. Siete fueron las personas arrestadas, 6 hombres y una mujer quienes quedaron a disposición de la justicia.
Los detenidos son: Mario Rodrigo del Campo, Juan Pablo Collante, José Welfir Vega, Gastón Agulles apodado “Canario”, Hector Enrique Vaerla Martínez y Grisel Gordillo.
Es importante remarcar que, en la mañana de ayer y tras conocer que contaba con pedido de captura emitido por el fiscal Costilla, el oficial principal Denis Chaile –oriundo de la ciudad de Santa María-, se entregó al personal apostado en la Unidad de Investigaciones.
El oficial trabaja actualmente en la comisaría Décima y se desempeñó en la sensible área de Inteligencia Criminal.
Modus operandi de la banda
La causa se originó meses atrás a partir de denuncias por usurpación de propiedades, donde se detectó un patrón común que vinculaba a los mismos implicados. Esto llevó al fiscal Costilla a unificar las denuncias e iniciar una investigación de oficio, descubriendo una estructura delictiva organizada que operaba mediante una red de contactos dentro de organismos públicos y privados.
Según la investigación, la banda obtenía información sobre propiedades a través de contactos en Catastro y el Registro de la Propiedad. Luego, saneaban títulos de manera fraudulenta para poder disponer de los inmuebles. Un elemento clave en su accionar era que las víctimas nunca eran notificadas de los procesos judiciales en su contra, ya que contaban con empleados dentro del Juzgado Comercial y de Ejecución, quienes les facilitaban información privilegiada y manipulaban la designación de martilleros para asegurar que los remates de bienes se realizaran según sus intereses.
La organización también tenía influencia en la Oficina de Notificación, lo que les permitía evitar que las citaciones llegaran a destino. Como resultado, las víctimas solo se enteraban de los juicios ejecutivos en su contra cuando sufrían el secuestro de sus vehículos o el descuento de haberes, sin haber sido informadas previamente.
El entramado delictivo incluía además a miembros de la Policía, quienes no solo figuraban como titulares de créditos y accionantes en las causas, sino que también cumplían un rol operativo: seguían a los deudores, tomaban fotografías de sus bienes y alertaban a los martilleros una vez firmados los embargos.
Otro punto de la investigación reveló que la banda tenía acceso a información bancaria de las víctimas a través de empleados de entidades financieras, lo que les permitía conocer detalles sobre cuentas y movimientos de dinero. En algunos casos, incluso recurrieron a la falsificación de firmas para concretar sus maniobras fraudulentas.