En marzo de este año salió a la luz el gigantesco caso de asociación ilícita y estafas por el que muchos catamarqueños fueron despojados de vehículos y propiedades, y el proceso quedó al mando del Fiscal de Instrucción N°5, Hugo Costilla.
En ese momento quedaron imputadas más de 20 personas, y se descubrió una tenebrosa trama con denuncias que venían de años, lo que reveló la gravedad del tema.
Por la naturaleza del delito, se evidenció que participaron no sólo malvivientes comunes, sino que había involucrados en organismos oficiales, entre ellos del Poder Judicial, la Policía de Catamarca, del Registro de la Propiedad, Dirección General de Catastro y el Banco Nación.
¿Qué pasó? Desde entonces se aceleró la embestida judicial contra el fiscal Costilla, y cada decisión que tomó fue señalada como una artimaña para salvarse de los cuestionamientos en su contra. Los delincuentes, felices, hicieron suyo ese argumento.
Es, como mínimo, raro. Ante semejante causa, el Poder Judicial parece más empeñado en atacar al fiscal que en ayudarlo a investigar.
Casos similares al de Catamarca ocurrieron en otros lugares del país.
El último caso grave fue en 2022 en Corrientes, donde no sólo detectaron irregularidades en varios trámites, cambios de sistema, modificaciones de datos, alteración de procedimientos, eliminación de archivos, sino que se provocó un incendio intencional que afectó al área de sistemas del Registro de la Propiedad, lo que provocó la pérdida de grandes cantidades de documentación.
El escándalo llegó hasta el Consejo de Registros de la Propiedad Inmueble de la República Argentina, porque el organismo, que nuclea a todos los registros del país, era presidido justamente por la responsable del organismo en Corrientes.
Pero no hay antecedente que se compare con lo ocurrido en Córdoba, donde en 2003 se comenzó a investigar un sistema de estafas que terminó con más de 3.000 damnificados y perjuicios multimillonarios.
Aunque el caso se recuerda como megacausa, en realidad no se llevó adelante un solo proceso, sino que se hicieron decenas y decenas de juicios diferentes.
Con el método de la alteración de registros, se robaron miles de bienes sin disparar un solo tiro, pero para hacerlo participaron muchísimas personas. Unos como cerebro, otros con roles secundarios: a diferencia de Catamarca, la justicia cordobesa fue durísima con todos.
Hoy la megacausa cordobesa es un conjunto de alrededor de 300 procesos judiciales en distintos estadios cada uno de ellos.
Más de 100 de esas causas han sido juzgadas en el marco de 59 juicios orales y públicos. Prácticamente la totalidad de los jueces de cámara de la ciudad de Córdoba formó en algún momento parte de estos procesos.
Sobre la totalidad de las personas que fueron sentadas en el banquillo de los acusados, más de 200 fueron condenadas hasta la fecha y 22 fueron absueltas.
De esas personas condenadas, el 70 por ciento recibieron penas privativas de la libertad efectivas y los demás en suspenso.
Entre los condenados se hallan 10 funcionarios o ex funcionarios del Registro; 16 abogados; 15 escribanos; 2 jueces de paz de campaña; 6 martilleros o corredores inmobiliarios; 13 gestores; y numerosos empresarios y comerciantes.
Actualmente, además de los procesos sentenciados, hay 26 causas de más de un proceso cada una de ellas, con la investigación penal preparatoria concluida y en condiciones de ser juzgadas.
El impacto fue bestial y obligó a revisar gran parte de la documentación obrante en los organismos públicos.
¿Por qué no se hace lo mismo en Catamarca? ¿Por qué no está toda la justicia trabajando para desarmar esa red? ¿Por qué todo el empeño parece puesto en liquidar a Costilla? ¿A quién se protege?
Por algún motivo, en las causas importantes en Catamarca siempre se hace lo mismo: patear la pelota para adelante, lo más lejos posible, y dejar que los años pasen sin que se resuelva nada.
Sobran ejemplos. Rojitas, Bacchiani, la megaestafa, con todo pasa lo mismo.
El catucho
