En el marco de las causas por estafas reiteradas que involucran a Edgar Adhemar Bacchiani, conocido como “Trader God”, el Juzgado Federal de Catamarca tramita su pedido de prisión domiciliaria a través de un incidente judicial. Sin embargo, el proceso ha generado críticas y dudas debido a la falta de claridad en los informes presentados y las decisiones judiciales.
El abogado querellante, Dr. Diego Quinteros Martínez, presentó una oposición formal a la solicitud, argumentando que los riesgos procesales “siguen vigentes” y destacando que Bacchiani ha demostrado capacidad para manipular recursos financieros y tecnológicos, lo que podría poner en peligro el curso de la justicia. “La prisión domiciliaria no garantiza un control efectivo sobre sus capacidades técnicas, especialmente en el manejo de criptomonedas”, detalló Quinteros en su escrito.
Controversias en el procedimiento
El Ministerio Público Fiscal, liderado por el Dr. Rafael Vehils Ruiz, solicitó que se realizarán medidas socioambientales para evaluar la procedencia del pedido. Sin embargo, el Juzgado respondió que dichas medidas ya habían sido realizadas previamente, sin brindar detalles sobre los resultados obtenidos. Esta falta de información llevó al Ministerio Público a considerar solicitar la suspensión de los plazos hasta que se informe adecuadamente a las partes sobre los resultados del informe socio-ambiental.
El Dr. Quinteros, quien también representa a otras víctimas en causas similares, calificó esta situación como confusa y potencialmente perjudicial para la integridad del proceso judicial. Ante ello, planteó que conceder la prisión domiciliaria enviaría un mensaje equivocado, considerando la gravedad de los delitos imputados a Bacchiani, que incluyen estafa reiterada y lavado de activos.
Un historial controvertido
Desde 2022, Bacchiani ha realizado intentos de obtener la prisión domiciliaria. En aquel entonces, manifestó voluntad de devolver el dinero a los damnificados, llegando incluso a reintegrar más de 300 mil dólares. Pese a ello, no se le concedió el beneficio. Actualmente, su posición ha cambiado: sostiene que las víctimas solo podrán recuperar su dinero a través de los procesos de quiebra que están siendo investigados por posibles irregularidades.
Quinteros subrayó que esta nueva postura de Bacchiani, que podría perjudicar a las víctimas, parece ir en paralelo con una disposición del juzgado que beneficia al imputado. “Es un cambio inexplicable: cuando quiso devolver dinero, no le dieron la domiciliaria; ahora que manifiesta que no pagará directamente, parece que sí quieren otorgarle el beneficio”, enfatizó el abogado.
Implicancias sociales y jurídicas
La querella también advirtió que conceder la prisión domiciliaria a Bacchiani no solo pondría en riesgo la investigación judicial, sino que también afectaría la confianza en el sistema de justicia. Además, existen preocupaciones sobre su seguridad y el impacto social que esta medida podría generar, considerando el descontento de los damnificados.
La decisión final está en manos del Juzgado Federal de Catamarca, mientras la sociedad sigue atenta al desenlace de un caso que expone las complejidades y desafíos de enfrentar delitos económicos de gran escala.