El colapso de las “financieras” que motorizaron estafas piramidales en Catamarca dejó una cicatriz económica y social profunda, pero su verdadero impacto se mide hoy en los pasillos de la Justicia Federal. Con la reciente confirmación de la elevación a juicio de la causa contra RT Inversiones, el proceso entra en su etapa de definición. Este expediente, calificado por el propio juzgado subrogante como uno de los más importantes y voluminosos de la historia judicial de la provincia con unas 4.000 fojas, representa una prueba de fuego para la credibilidad institucional y el derecho de miles de damnificados a obtener respuestas concretas.
La crónica de este desfalco masivo inició formalmente en mayo de 2022, pocas semanas después de que estallara el escándalo del dios Bacchiani y Adhemar Capital. El 11 de mayo de ese año, una serie de allanamientos ordenados por la justicia culminaron con la detención del denominado “clan Bulacio”, compuesto por Edgardo Edmundo Bulacio, su hijo Edgardo Federico Bulacio y Alicia Estela Nieva, además de sus socios inversores Víctor Ariel Vergara y Exequiel Matías Rolón Reynoso. Lo que en un principio se publicitaba como una próspera plataforma de inversión con retornos extraordinarios en dólares, terminó revelándose bajo la lupa fiscal como una asociación ilícita dedicada a la intermediación financiera no autorizada, la estafa y el lavado de activos, llegando a captar depósitos multimillonarios en un lapso alarmantemente corto de operación.
Sin embargo, el camino procesal hacia el debate oral no ha estado exento de tensiones que despiertan la preocupación pública, comenzando por la inhibición del juez Miguel Ángel Contreras, amigo de Bulacio.
Por si fuera poco, a finales de 2025, la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán dispuso la liberación de los principales imputados tras vencerse las prórrogas de las prisiones preventivas sin haberse iniciado el juicio, lo que implicó que los acusados aguarden el proceso en libertad.
Esta dilación del debate, sumada a las complejidades lógicas de rastrear los activos remanentes de la firma, genera en la comunidad un persistente temor al olvido y la inacción. La ciudadanía observa con desconfianza cómo esquemas que vaciaron los ahorros de familias enteras corren el riesgo de diluirse en laberintos técnicos y chicanas que consagren la impunidad.
La elevación de la causa dictada por el juez federal subrogante Sebastián Argibay, a instancias del requerimiento del fiscal general Rafael Vehils Ruiz, constituye un paso indispensable pero no definitivo. Sentar en el banquillo de los acusados a los 11 imputados es solo el comienzo del verdadero acto de justicia. El Tribunal Oral Federal de Catamarca tiene ahora la responsabilidad de fijar fecha de debate sin dilaciones innecesarias. El castigo efectivo a los responsables y el recupero de los bienes mal habidos para resarcir el daño social provocado deben ser las prioridades absolutas. Catamarca necesita una señal clara y contundente: que la ingeniería del engaño financiero no goza de protección ni de fueros invisibles en nuestra provincia, y que la impunidad no será el capítulo final de esta estafa histórica.
A más de cuatro años de los hechos, y con Bacchiani y otra media docena de “financieras” en lista de espera, nadie derrocha optimismo. Mucho menos los estafados, que creen que nunca recuperarán un centavo.
Justicia es mucho pedir, varios damnificados ya murieron o quedaron arruinados. Pero al menos que no quede todo en la nada.
