El debate por la Interrupción Legal del Embarazo en el Congreso de la Nación deja en evidencia que las posiciones y el voto de sus miembros se dinamiza y conduce más por las presiones políticas y sociales que por la honestidad intelectual y la integridad moral. Quizás sea una perogrullada, tan apodíctico que está naturalizado, pero que suceda en el tratamiento de un asunto tan delicado como la legalización del aborto, resulta más urticante. Tanto es así, que hay quienes entienden que la representación que los legisladores ejercen del pueblo en discusiones como estas queda desvirtuada. Al punto tal, que pone en duda su legitimidad y obliga a interrogarse si no hay asuntos que deberían quedar reservados para la decisión democrática directa.
Los votos de varios diputados en la sesión de la semana pasada y la postura de muchos senadores en el tratamiento del proyecto en comisiones dejan claro que no todas las adhesiones u oposiciones a la iniciativa se corresponden con la posición personal del legislador. Y que muchos dejan de lado su ética personal o postura moral para ceder a otros factores (presiones) que terminan imponiéndose.
La posición dubitativa de muchos legisladores (incluidos los de Catamarca), el secretismo y la evasión de explicitar de forma clara su postura, los rostros compungidos o la estampa apocada a la hora de decidir, dejan claro que a muchos legisladores la decisión les significa un peso con el que no pueden lidiar y que su voto los incomodaba. Votos que “dejaron de lado su conciencia personal”, votos que “buscaban lo mejor”, votos que “pensaban en la salud pública”, despojados de sus preceptos éticos, son signos de votos viciados.
Otro factor que abona la complejidad del tratamiento de la IVE en el ámbito legislativo es la dispersión y heterogeneidad del voto hacia adentro de los bloques. Diputados y senadores de una misma bancada votando y opinando de forma totalmente contraria, demuestra que la ideología que se supone que cohesiona los cuerpos parlamentarios no funciona en este debate. Cuando la ciudadanía vota a sus representantes los elige buscando una coincidencia ideológica y les transfiere una cuota de poder para que éstos la usen al momento de legislar, esperando que lo hagan de acuerdo a esos preceptos. Pero en este caso, la pertenencia a uno u otro partido no da previsibilidad sobre la postura. Y muchos encuentran que el voto de sus legisladores sobre este delicadisimo asunto no los representa.
La incompatibilidad del proyecto del aborto legal con la dispocion constitucional de proteger la vida desde su concepción es otro de los argumentos en contra de delegar la desición al Congreso y a favor de someterlo al arbitro social, mediante una votación directa. En definitiva, una ley que legaliza la interrupción del embarazo no dejaría de implicar una reforma indirecta de la Constitución Nacional. Si la declaración de la necesidad de una reforma constitucional se hace mediante un sistema de consulta popular, la aprobación de un proyecto como el de la IVE tiene sobrados motivos para ser dirimido con un mecanismo similar.
Las encuestas y sondeos tampoco son contundentes sobre la aprobación social al proyecto del aborto legal. De hecho, muchas encuestas muestran un fuerte crecimiento entre quienes repudian su aprobación, y una merma en los ciudadanos que se muestran a favor. Con lo que, independientemente de la posición a la que se suscriba, el tratamiento parlamentario del proyecto tiene amplio margen de error en la interpretación del mandato mayoritario. Un congreso dividido y con ventajas tan pequeñas entre una y otra posición parece no cumplir con la idea de que la decisión sobre un tema de tanto peso debería lograr una resolución contundente y que no deje dudas sobre su legitimidad social.
El senador nacional por Catamarca Dalmacio Mera fue uno de los que propusieron una consulta popular o plebiscito para que sea la ciudadanía quien se exprese, y la decisión final no pueda ser discutida o impugnada como no democrática. En 2018 votó en contra del proyecto presentado por el macrismo y actualmente indeciso por las falencias que encuentra en la actual iniciativa, el legislador señaló, como muchos otros, la necesidad de madurar la decisión y abrir el debate todo lo que los sistemas de participación lo permitan.
Presiones políticas y sociales, dudas, un escenario social muy dividido, posibles incongruencias jurídicas y sobre todo el peligro latente sobre la vida del niño por nacer son argumentos suficientes para reclamar un plebiscito y dejar que el pueblo decida.