El diputado provincial Francisco Monti presentó un proyecto de ley que propone modificar el régimen legal de CAMYEN S.E. con el objetivo de poner fin a la discrecionalidad en la adjudicación de áreas y derechos mineros, garantizando procesos públicos, competitivos y transparentes.
La iniciativa establece que toda asociación, cesión, contratación o cualquier tipo de vinculación con terceros para la exploración, explotación o aprovechamiento económico de los recursos mineros deberá realizarse de manera obligatoria a través de licitación pública o concurso público.
Entre los puntos centrales del proyecto se destaca la prohibición expresa de la adjudicación directa de áreas, concesiones o derechos mineros por parte de CAMYEN, cualquiera sea el instrumento utilizado. Además, se declara la nulidad absoluta de cualquier reglamento o disposición que habilite excepciones a los procesos de selección pública.
El texto también establece que cualquier excepción al mecanismo de licitación pública solo podrá ser autorizada mediante una ley especial de la Legislatura provincial, con fundamentos claros y precisos que acrediten el interés público.
Otro eje clave de la propuesta es el refuerzo del control legislativo, ya que obliga a CAMYEN a remitir informes completos y documentados sobre cada proceso licitatorio, incluyendo ofertas presentadas, dictámenes técnicos, adjudicaciones y contratos celebrados.
En los fundamentos del proyecto, Monti sostiene que los recursos minerales son bienes de dominio originario del Estado provincial y que su administración no puede quedar sujeta a decisiones discrecionales, aun cuando estas se ejerzan a través de una empresa estatal.
“El proyecto no frena la minería ni las inversiones, sino que busca que se desarrollen con reglas claras, transparencia y control democrático, asegurando que los beneficios de la actividad minera lleguen a todos los catamarqueños”, afirma la iniciativa.
