El diputado provincial Hugo Ávila presentó en la Legislatura de Catamarca un proyecto de ley que busca establecer la obligatoriedad de exámenes toxicológicos para todos los funcionarios públicos provinciales, abarcando a los tres poderes del Estado. La iniciativa, según su impulsor, apunta a reforzar la transparencia y fortalecer la lucha contra el narcotráfico.
El proyecto de Ávila plantea una medida inédita en la provincia, generando expectativas sobre su posible impacto en la administración pública y abriendo el debate sobre su viabilidad legal y constitucional. La propuesta, de ser aprobada, implicaría un control periódico a jueces, legisladores y miembros del Ejecutivo, una disposición que podría encontrar tanto apoyo como resistencia dentro del ámbito político y judicial.
Para analizar las implicancias legales de esta propuesta, el abogado Diego Quinteros Martínez brindó su opinión profesional. “Desde mi perspectiva como abogado, considero que este proyecto plantea una iniciativa importante y necesaria, orientada a fortalecer la transparencia y la confianza pública, especialmente en un contexto complejo como el que vivimos hoy respecto al narcotráfico”, expresó Quinteros Martínez.
No obstante, el especialista también advirtió sobre los desafíos jurídicos que conlleva una medida de este tipo. “La implementación de exámenes toxicológicos obligatorios para funcionarios de los tres poderes presenta cuestiones sensibles desde el punto de vista jurídico y constitucional. Es crucial que el proyecto garantice un equilibrio entre el interés legítimo del Estado en asegurar la idoneidad y transparencia de sus funcionarios, y los derechos fundamentales como la privacidad, la intimidad personal y la protección contra la discriminación”, señaló.
Asimismo, Quinteros Martínez resaltó la necesidad de definir el tratamiento de los resultados positivos para evitar la estigmatización, asegurando mecanismos que respeten el derecho a la defensa y la confidencialidad. También consideró relevante la inclusión de excepciones justificadas por razones religiosas o de objeción de conciencia, garantizando alternativas compatibles con los derechos individuales.
Por último, el abogado aclaró su relación profesional con el diputado Ávila, a quien representa en otra causa, enfatizando que su análisis es estrictamente técnico y jurídico, independiente de cualquier vínculo profesional o personal. “Como abogado, mi deber es analizar las normas con imparcialidad, rigor y objetividad”, concluyó.